Partidocracia quema autoridad de la JCE
Ni el presidente Abinader, ni el alcalde Martínez, ni el expresidente Fernández son oficialmente candidatos presidenciales de sus respectivos partidos, sin embargo, la omnipresencia del mandatario, más su alta valoración dentro y fuera de su organización lo colocan como seguro candidato. En el caso de Abel, su triunfo en la consulta del pasado 16 de octubre lo designó como candidato virtual, mientras a Fernández hasta las siglas de su partido lo anuncian: LFP, Leonel Fernández Presidente.
Por reelección, por consulta o por liderar un partido hecho a su medida, el hecho innegable es que a casi 15 meses del inicio legal de la campaña electoral, andan estos tres señores como Los tres mosqueteros de Dumas, librando su guerra en campaña full, “tirados a la calle del medio”, algo que podría ser mucho más grave de lo que algunos analistas puedan pensar. Y es que si desde ya, los tres partidos con posibilidades de ganar las elecciones irrespetan impune y descaradamente a la Junta Central Electoral (JCE), surge inevitable la pregunta: ¿Con cuál autoridad va ese organismo a imponer el orden, a organizar las elecciones, a regular la campaña y, llegada la hora, decirnos quién es el vencedor?
Es cierto que ha habido más de un intento, llamado, petición, amenaza y sugerencia de parte de la JCE a nuestra partidocracia reinante, pero de muy poco casi nada ha servido el esfuerzo. Ni siquiera la firma de un acuerdo el pasado 3 de noviembre comprometiéndose los muy señores a detener la campaña a destiempo ha podido frenar la fiesta, mientras en campos y ciudades surgen, como los espantapájaros de un conuco sin desyerbo, las vallas de propaganda electoral.
De poco ha servido la ley de Partidos o el Régimen electoral -que prohíben la proclamación de candidatos hasta que su partido lo seleccione en octubre-, para lograr colocar un STOP a estos príncipes de la realeza política nacional.
Nuestra partidocracia reinante no está jugando con fuego, pero está quemando el prestigio de una JCE que, a pesar de los mandatos legales de los que dispone, luce incapaz de imponer a su autoridad a nuestros partidos y sus candidatos. La misma que va a necesitar en mayo del 2024, para decirle al país y al mundo quién será o seguirá siendo el próximo presidente de la República Dominicana. (Y para colmo de males en olla de recursos).