Crisis alimentaria
Los sectores productivos a nivel mundial enfrentan graves presiones generadas por el contexto geopolítico y las decisiones de política monetaria y económica que se han tomado a nivel mundial.
Nadie, absolutamente nadie, es ajeno a esta realidad. De acuerdo a la CEPAL, estas presiones van desde el proteccionismo que ha incrementado las barreras comerciales hasta la disrupción del transporte marítimo y la ruptura de cadenas productivas primarias.
El mayor y más grave augurio de una crisis alimentaria en ciernes, se deriva de la evidencia de los episodios más recientes de crisis económica a nivel mundial. Luego de los episodios de crisis del 2007-2008 y de 2010-2011, en ambos casos, las medidas monetarias para enfrentar la crisis financiera resultaron en un aumento de los precios a nivel internacional de varios grupos de alimentos, resultando en una volatilidad que afecta directamente a los ciudadanos de cada país.
En esta crisis post pandemia, la situación se agrava por dos sucesos fundamentales.
El primero es la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado una disrupción en cadenas productivas clave como la energía y los fertilizantes, que aceleró la presión inflacionaria en los primeros meses del presente año. El segundo suceso es la situación de las cadenas logísticas y las medidas para prevenir el COVID 19 que de manera constante complican las cadenas de suministro para muchos países. Esta situación ha llevado a organismos internacionales a considerar que este ciclo inflacionario es más “pronunciado y persistente” que los anteriores.
Para América Latina y el Caribe, y claro está, para la República Dominicana, las posibilidades de una crisis alimentaria que se extienda genera graves situaciones, para las personas y para las finanzas públicas. Toda la región ya está golpeada por condiciones fiscales difíciles que amenazan con una crisis de la deuda pública, sin que existan mecanismos o una respuesta que provea alivio al tema o alguna reestructuración global.
Para los dominicanos y dominicanas de los estratos más humildes, la situación alimentaria condiciona sus vidas casi en la totalidad, porque los precios de los alimentos aportan las dos terceras partes de la inflación general, obligándoles a destinar todos sus recursos a aliviar la situación inflacionaria. La FAO y el PMA han coincidido en que el incremento de precios de los alimentos también dificulta una dieta saludable, lo que en el corto plazo redudan en situaciones de salud que generan costos aún más graves para las familias y para el Estado.
En base a esta realidad, urge retomar la Hoja de Ruta elaborada con el propósito de acercar al país a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de las Naciones Unidas, que postula por alcanzar el hambre cero antes del 2030. Es un reto que se ha hecho más complejo debido a las secuelas económicas y sociales del COVID 19, pero que hay que acometer sin más dilación, por el bien del país y las futuras generaciones.