¿Entre ‘nudos’, ‘amarres’ o ‘ataduras’ legales?
En el desempeño de la labor docente en el ámbito jurídico constantemente nos encontramos con una práctica reiterativa, consistente en que al momento de formular sus conclusiones y recomendaciones tanto en sus trabajos prácticos como en los informes de tesis los estudiantes finalizan postulando la necesidad inevitable de una modificación de la normativa que regula la actividad objeto de estudio. Ante este planteamiento, regularmente comento, que al margen de que las leyes siempre son mejorables y de que la actividad legislativa debe ir evolucionando acorde a los requerimientos de los tiempos; la labor del analista jurídico no debe concentrarse en tratar de adecuar la ley para resolver un problema de fondo, sino en buscarle la solución técnica, que en el marco de la normativa vigente, permita la realización del objeto de la norma y que mejor se amolde al ideal de justicia; pues de lo contrario, si para cada complicación que afrontemos fuese necesario esperar una reforma legal, la “salida” que se encuentre podría resultar ineficaz e inoportuna, y por tanto, la tarea ociosa y estéril..
A más de dos años del “nuevo” gobierno, se percibe aún cierto aturdimiento del funcionariado en la gestión efectiva de los procesos administrativos, lo que obstaculiza significativamente la ejecución coordinada y efectiva de las políticas públicas. Para quienes dedicamos parte de nuestro ejercicio profesional a la canalización de proyectos de interés colectivo, sin enfrascarnos en los vericuetos y veleidades cotidianas del activismo político, la situación mueve a preocupación y requiere ser afrontada con determinación y presteza, puesto que los tropiezos se han ido ya amontonando, independientemente de la calidad profesional del equipo legal del gobierno. Las dificultades con los procesos de compras y contrataciones públicas, los traspiés con la propuesta de modificación constitucional y de reforma fiscal, los vaivenes con las iniciativas de transformación del sector eléctrico, el desvarío con el intento de regulación del cobro y exención de impuestos al ingreso de turistas, entre otros, constituyen ejemplos bastante reveladores. El pretexto de alegados “nudos legales” podría haber servido inicialmente como argumento utilitario que encontrase algún nivel de refugio en la opinión pública para tratar de justificar tal inconsistencia. Sin embargo, en la actualidad esta explicación se convierte en un búmeran que revierte en sus efectos, y que en términos prácticos, parecería más un producto de pupitre escolar, como el formulado por estudiantes que no han analizado a profundidad el problema objeto de investigación, y que por tal razón, no han logrado extraer conclusiones válidas y atinadas.
La normativa legal siempre se presentará como una urdimbre entrelazada de textos e interpretaciones jurídicas encontradas, lo cual no significa que la madeja no pueda ser desenlazada de forma juiciosa y productiva porque, en todo caso, la esencia de las reglas jurídicas obedece siempre a una lógica racional que al momento de su interpretación, permitirá armonizar las necesidades prácticas con el sentido y la finalidad del mandato contenido en la norma. Por tanto, más que identificar “nudos”, la función de los hacedores y ejecutores de políticas públicas debe enfocarse en procurar la eficiencia de la actividad administrativa. Y si en ese camino si se tropezasen con dificultades técnicas, y particularmente con retos y contradicciones legales, la inteligencia impone el deber de encontrar el “hilo” conductor que permita despejar el sendero hacia una solución viable, aunque fuese de carácter coyuntural. Sin desmedro de que, concomitantemente, se planifique una estrategia que desemboque en soluciones de largo plazo, nunca definitivas, pues, como diría Hans Kelsen, la formulación del Derecho siempre irá rezagada con respecto a la realidad y “la estricta interpretación científica de una ley estatal o de un tratado, que exhiba, fundándose en un análisis crítico, todos los significados posibles, inclusive los políticamente indeseados, y quizás ni siquiera previstos por el legislador y por las partes contratantes, pero incluidos en el tenor literal de las normas que ellos escogieron, puede tener un efecto práctico que exceda en mucho a la ventaja política de la ficción de univocidad”. Resulta pues, perentorio, propiciar un mayor dinamismo en las ejecutorias de políticas públicas, sobre todo, en tiempos que han resultado tan aciagos para la economía mundial, lo que torna más exigente la imperiosidad de una ejecución presupuestaria proactiva que impulse eficientemente la productividad y la generación de riqueza en provecho de la colectividad. Los “amarres” típicos del cabildeo de los sectores interesados y las “ataduras” bajo las cuales la burocracia pueda enmascarar su falta de pericia, no pueden erigirse en trabas técnicas para el desarrollo de una gestión eficiente, toda vez que el ordenamiento jurídico contempla una estructura de la administración pública, así como una serie de estamentos, procesos y mecanismos legales que están concebidos para encarrilar la sociedad hacia una senda de progreso, no para estacionarla en una inercia infértil que profundice la pobreza y agrave la desesperanza de la población.
*El autor es abogado, economista y catedrático universitario