Sucesivos castigos en contra de la diáspora venezolana
Un cálculo muy conservador estima que los venezolanos que han huido del país, los que han sido forzados a salir del territorio y los que hemos tomado el camino del exilio -en total, más de 7 millones de personas-, nos hemos dispersado en, al menos, 76 países. No me referiré aquí a los ataques y expresiones de xenofobia que se han producido contra venezolanos, especialmente en países de América Latina como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, México, El Salvador y otros. Me concentraré aquí en comentar los ataques que se producido desde Venezuela.
El primer enemigo, abierto y declarado de la diáspora, ha sido y es el régimen de Chávez y Maduro. Desde el 2014, aproximadamente, cuando se hizo evidente que la huida del Venezuela tenía un carácter masivo y no estacional, comenzaron a publicarse reportajes y también artículos académicos que aportaron los primeros análisis al respecto.
No tardaron los voceros del régimen, como es previsible, en lanzar acusaciones, descalificaciones y mentiras. Desde entonces, “las narrativas” del régimen han variado y se han mezclado unas con otras. Han hecho uso de la agresividad, la negación, la minimización, la injuria y, más recientemente, la infantilización del migrante. La lista anterior, no necesariamente constituye un orden sucesivo. A partir del 2015, especialmente desde el 2018, los ataques a la diáspora se han diversificado y se han intensificado. Veamos.
Hay una etapa, aproximadamente entre los años 2014 y 2016, donde una parte sustantiva del esfuerzo comunicacional y político del régimen consistió en asociar a los migrantes con la delincuencia. En concreto, con el contrabando de extracción, el secuestro, el abigeato, la actividad de los grupos paramilitares y otros delitos asociados. No me olvido que, tras las primeras denuncias aparecidas en la prensa de Colombia, en relación a que el Ejército de Liberación Nacional estaba reclutando niños venezolanos en la frontera, saltaron varios voceros oficialistas a culpar al ex presidente Álvaro Uribe y a un supuesto plan para crear un cinturón paramilitar que, tarde o temprano, atacaría a la revolución bolivariana, penetrando en Venezuela desde Colombia.
Luego, grosso modo, vino un período, 2018 y 2019, donde intentaron minimizar el problema. Dijeron: es un montaje, son siempre los mismos que van y vienen; no hay tal incremento de los emigrantes, porque el aumento no sobrepasa del 4 o 5%; es un invento de los medios de comunicación, porque en las fronteras hay total normalidad. En el 2018 se produjo una declaración de Maduro en la que sostenía que los migrantes se iban engañados. En ese momento se dio el primer intento oficial por rebajar el número de emigrantes. Cuando en agosto de ese año, ACNUR emitió un reporte que hablaba de 2,3 millones de migrantes, equivalente al 7% de la población, Maduro lanzó su propia estimación, sin aclarar de dónde sacó su número: habló de 600 mil personas. Es decir, apenas una cuarta parte del número constatado con autoridades de otros países. Y así.
De forma simultánea, en el 2019 -el año anterior a la pandemia- comenzó la campaña de silenciamiento: evitar mencionar el asunto. No decir ni una palabra mientras en toda América Latina, las noticias y el debate sobre los migrantes venezolanos alcanzaba primeras páginas, grandes titulares y decisiones gubernamentales. Durante meses, Maduro, Cabello y el resto de los dirigentes de la banda, se comportaron como si no estuviese pasando nada.