USA, Haití y RD
En su catálogo de presiones para que República Dominicana detenga las deportaciones de haitianos indocumentados y abra espacio para refugiados, Estados Unidos acaba de asumir un peligroso camino.
El “alerta” de la embajada norteamericana del sábado último de alegado trato discriminatorio y hasta detenciones de estadounidense de piel oscura de parte de la autoridad dominicana empuja el llamado “tema haitiano” a campos minados en la relación entre USA y RD.
Es que ya no se trataría de rasgos de la política exterior y defensa de los derechos humanos en la región, sino de interceder por norteamericanos en supuesto riesgo o alegadamente maltratados.
No es otro mensaje exhortativo, que el gobierno dominicano deba asumir a la ligera y cumplir la formalidad de un comunicado como respuesta oficial.
“Este mensaje”, dice la embajada, “es para informar a los ciudadanos estadounidense que en los últimos meses los viajeros a la República Dominicana han reportado haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada y en otros encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel. Los informes sobre el trato desigual de los ciudadanos estadounidense por parte de las autoridades dominicanas son motivo de preocupación constante para la embajada de los Estados Unidos”.
Refiere las “operaciones generalizadas” de Migración “destinadas a detener a aquellos que creen que son migrantes indocumentados, especialmente personas de ascendencia haitiana. En algunos casos, las autoridades no han respetado el estatus legal de estas personas en la República Dominicana o su nacionalidad. Estas acciones pueden llegar a una mayor interacción con las autoridades dominicanas, especialmente para los estadounidenses de piel más oscura y los estadounidenses de ascendencia africana. Hay informes de que los detenidos se mantienen en centros de detención superpoblados, sin la capacidad de impugnar su detención y sin acceso a alimentos o baños, a veces durante días, antes de ser liberados o deportados a Haití”. Se les exhorta a tener a mano pasaporte y celular y se les suministran números telefónicos de la embajada y del Defensor del Pueblo.
Aquí se mezclan los alegados maltratos a norteamericanos y, el fondo del asunto, las deplorables condiciones de los centros de detención y el supuesto trato inhumano a los detenidos “antes de ser liberados o deportados a Haití”. El documento dice más que lo consignado.
¿Informó el gobierno norteamericano de los “reportes” de sus ciudadanos alegadamente maltratados? ¿Cuántos casos son? ¿Se acaban de enterar las autoridades dominicanas del asunto al difundirse el comunicado? Estas respuestas son vitales.
Parecería una reacción a la respuesta del presidente Abinader , que frente a abiertas presiones de funcionarios de la ONU para que República Dominicana abra sus fronteras a refugiados de la violencia haitiana, anunció el incremento de las deportaciones. Y el aumento es notorio.
Recordemos que la subsecretaria de los Estados Unidos, Uzra Zeya, al anunciar desde el Palacio Nacional aumento en programas de ayuda económica, planteó la necesidad de actualizar la ley sobre trata de personas conforme a estándares internacionales e instó al gobierno a proteger a personas vulnerables, incluidos haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana.
República Dominicana rehusó firmar la Declaración de los Ángeles, que plantea colaboración económica para los países que creen condiciones para recibir refugiados y para la regularización de la situación de los inmigrantes.
Las autoridades no deben frenar las deportaciones, pero sí cuidar todos los flancos de la cuestión y tener un meticuloso seguimiento de este nuevo sesgo, antes de que nos puedan amenazar, o lleguen, sanciones económicas o de otro tipo.
A veces, pensamos que finiquitamos un tema al hacer una declaración formal o airada, solo de vocación mediática.