El pacto migratorio
La situación caótica de Haití continúa en progresivo deterioro. El llamado del Primer Ministro Ariel Henry, parecía ser el requisito necesario para que esa ayuda se implementase. De hecho, en conjunción con la ONU, USA y México han trabajado en la búsqueda de soluciones. Un alto funcionario del Departamento de Estado, junto a otros asistentes, hizo un viaje exploratorio a Puerto Príncipe y se entrevistó con algunos de los más calificados representantes de la sociedad haitiana. Se han dado señales de que se estaría preparando una operación militar de acción relámpago que maneje con efectividad el caos creado por las bandas delincuenciales que hoy controlan una buena parte de las actividades que se desarrollan en Haití.
Debemos ratificar aquí que una acción militar aislada no será suficiente para satisfacer las necesidades acuciantes que hay sobre la sociedad haitiana. Será necesario el establecimiento de un fondo de ayuda con un equipo económico y administrativo que trabaje junto a las autoridades haitianas para asegurar la transparencia de su utilización y la afectividad de sus acciones.
Las demostraciones de rechazo a la presencia de tropas extranjeras en Haití, podrían dar al traste con este intento, bajo la premisa de que los problemas haitianos deben ser resueltos por los haitianos. Ya sabemos que no existe la capacidad para lograr este propósito.
El anuncio del presidente Luis Abinader de que el proceso de deportación de ilegales extranjeros requerirá de un pacto con el sector privado ha sido rechazado por aquellos que reclaman la simple aplicación de la ley que establece un 20% como tope de extranjeros en las nóminas de empleos en las diferentes actividades de la economía del país. Eso sería lo ideal, la simple aplicación de la ley, pero ya sabemos que hay empresarios que se resisten a cumplirlas, so pena de tener o disminuir o cerrar su actividad productiva. Hemos visto también cómo una notable legisladora ha abogado porque algunos trabajadores extranjeros puedan permanecer en sus lugares de trabajo.
Nuestra propuesta es que el gobierno proceda a realizar un estudio que determine qué cantidad de mano de obra extranjera necesita el país para continuar su proceso de desarrollo, especialmente, sin importar el número que llegue a determinarse dentro de los sectores de las construcciones, del trabajo agrícola y los servicios turísticos. Una vez determinado ese grupo, ese personal debía ser acreditado dentro de la fuerza laborar de trabajo y todo el excedente que sobrepase lo estimado debe ser deportado a sus países de origen.