Lecciones de Fiona
El cambio climático que vivimos supondrá la ocurrencia cada vez más frecuente de disturbios atmosféricos, así como un mayor nivel de intensidad en los mismos, y que nuestro país, “ubicado en el mismo trayecto del sol” pero también en el mismo trayecto de los huracanes, deberá reforzar sus mecanismos de vigilancia, prevención, respuesta, y, sobre todo, elevar el nivel de conciencia ciudadana a través de la educación y los protocolos preventivos.
A pesar del daño ocasionado por Fiona, en términos comparativos e históricos salimos bien librados. Dos muertes muy lamentables, daños focalizados en la infraestructura vial, eléctrica, pluvial, hogares y cultivos dispersos, pero, en definitiva, el aparato productivo nacional está intacto, los cortes de suministro de agua y energía serán temporales y la capacidad de respuesta de las instancias oficiales responsables de la gestión del riesgo ha sido satisfactoria.
Es de justos reconocer el fortalecimiento de las capacidades nacionales de respuesta ante estos fenómenos, proceso que conlleva tiempo y recursos, y que ha sido apoyado por todos los gobiernos en los últimos 20 años, pero también es necesario replantear el rol (y recursos financieros) de estos organismos en un entorno de incremento de probabilidades de ocurrencia de este tipo de fenómenos.
Fiona constituye un recordatorio permanente de la necesidad de dotar al país de una ley de ordenamiento territorial, que determine la construcción de asentamientos y viviendas fuera de zonas proclives a inundaciones o derrumbes -por solo citar un aspecto-; la necesidad de organizarnos, de dar mantenimiento preventivo a la generalidad de nuestras infraestructuras; de contar con una política de aseguramiento de obras claves y estratégicas, etc., que evite que ante la ocurrencia de fenómenos así, la cuenta por pagar resulte muy cara, y el tiempo de recuperación de la normalidad sea mayor, disminuyendo nuestra productividad y competitividad. El desafío es hacer de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, un cuerpo normativo práctico, pues contiene disposiciones y medidas que de ser implementadas como el legislador previó, ahorraría tiempo y dinero al Estado y contribuiría a evitar pérdidas de vidas; el Fondo Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta a Desastres debería ser una realidad tangible, pública, discutida y conocida; el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la República Dominicana (Decreto 275-13) requiere una actualización y puesta a punto inmediata.
Son muchas las lecciones que nos deja Fiona, pero la más importante es la misma de siempre: siempre será mejor prevenir que lamentar. .