Opinión

Acoso y derribo contra órganos de control

Cristhian JiménezSanto Domingo

Previo al bombardeo de una instalación de enriquecimiento de uranio en una zona aparentemente inexpugnable, misiles destruyen una base aérea cercana al proyecto para evitar que los cazas enemigos se movilizaran y frustraran la misión.

Es la taquillera Top Gun: Maverick y, claro, no aspiro a usurpar el terreno de Rienzi Pared Pérez, excelente crítico de cine, sino simplemente graficar un interesante episodio del ajedrez político del país.

La lucha contra la corrupción y por la transparencia en la administración pública precisa de órganos con fiabilidad y reputación blindadas para hacer creíble esa aspiración de gran parte de la sociedad dominicana, crucial en la definición electoral del 2020.

La tarea es compleja y arriesgada por las raíces profundas de la corrupción y los vasos comunicantes entre los diferentes litorales políticos, empresariales, sociales y comerciales.

La tradición, o mala práctica, desde la fundación de la República es que políticos sustitutos o enviados a los órganos de control siempre adoptaron las medidas cosméticas del gatopardismo.

Cuando vino alguien que se atrevió a colocar a la cabeza de los órganos de control a personas ajenas a las direcciones partidarias, entonces se acude a la descalificación por acoso y derribo mediante la desinformación y confusión.

Instrumentalización de políticos sabáticos que se colaron en altas cortes y órganos constitucionales extrapoder y la manipulación de ambiciones y aspiraciones erróneamente canalizadas. También aprovechamiento de comportamientos inmaduros y tercos.

Es un laborantismo hábil y perverso por minar y frustrar instituciones vitales para el adecentamiento público.

Todo se trastoca por el momento político-electoral y por el pánico de algunos que ven que el brazo de la justicia, aún tembloroso, se aproxima.

(Hay sujetos que uno de sus mayores problemas en los últimos dos años es la dificultad para encaletar y lavar millones de pesos, cuando falla el eficiente testaferrato).

Entonces, hay que dinamitar la pista, órganos como la Cámara de Cuentas cuyos informes especiales han sido fundamentales para instrumentalización de importantes casos de corrupción gubernamental.

Desacreditado ese órgano, se inutilizan sus auditorías y se afecta la investigación y sustento penal de algunas de las acusaciones ante los tribunales para beneficio de depredadores anteriores y actuales del erario.

Realmente el lanzamiento de misiles contra Procuraduría y la Cámara de Cuentas ha sido permanente desde el inicio de esta gestión, y solo cambia de formas, pero preocupa que se llegue a extremos de intentar echar abajo la institucionalidad del país.

En otros órganos se aventuran ensayos y los matices que se asumen, parecería la apuesta al caos.

A los órganos electorales podría esperarles momentos difíciles si se continúa el camino en el Congreso de una débil y confusa regulación en las reformas, de zonas grises y sujeta a interpretaciones.

En litorales opositores se podrían entender estos comportamientos, no justificar, pero son inexcusables en segmentos del partido oficial Algunos sectores del PRM y aliados de ocasión, se notan hiperactivos contra (¡increíblemente!) las áreas más luminosas del Estado y del gobierno, fie a la vieja tradición perredeista. En esta ocasión, porque no corresponden a las filas partidarias y la imposibilidad de actuar a sus anchas, amparados en el poder partidario.

Un sesgo de este tema, en el que parecen coincidir casi todos los “grandes” partidos, incluida una mayoría del PRM, es en intentar derrotar la decisión del presidente Luis Abinader de colocar a independientes en áreas sensitivas del poder. “Entre políticos nos arreglamos mejor”, parecería ser la divisa.

Esa creciente postura de exclusión es negativa y contraria a los tiempos, aunque tampoco favorezco la actitud anti-partidos de figuras de la sociedad civil, precisamente en posiciones señeras por apoyos partidarios.

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