Apostemos al equilibrio forestal

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Federico A. Jovine RijoSanto Domingo

El desarrollo debe ser sostenible, o no será. Abundan los ejemplos de sociedades que vertebraron su crecimiento sobre la base de la explotación irracional de sus recursos naturales, con catastróficos resultados. No podemos juzgar con criterios actuales los paradigmas de épocas pasadas, en las cuales la naturaleza era vista como el enemigo a vencer, sin embargo, nuestros actuales conocimientos, tecnologías e informaciones estadísticas acumuladas, nos permiten afirmar sin equívoco que el modelo productivo dominicano -extractivista hasta la fecha- debe estructurarse sobre la base del uso racional, sostenible y respetuoso de los recursos naturales, de lo contrario, la funesta realidad haitiana constituye un recordatorio cercano y permanente que nos muestra las consecuencias de no hacerlo.

El cierre de los aserraderos en 1967 nos salvó del desastre ecológico, y, desde entonces, el país vive entre el dilema del aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales y la tala indiscriminada de bosques, amenaza directa a la sostenibilidad hídrica. En medio de ambas realidades, existen los planes de manejo forestales, los cuales constituyen una manera racional y responsable de aprovechar los recursos.

El país ha asumido compromisos internacionales en materia climática y las medidas de mitigación del calentamiento global pasan por aumentar la cobertura boscosa; esto no excluye la posibilidad de construir toda una industria en torno a ello, que genere empleos, disminuya la importación de madera, garantice protección a nuestras cuencas y constituya a su vez una fuente de energía para las empresas cuyas matrices energéticas se fundamentan en la biomasa, menos destructiva, cara y contaminante que los derivados del petróleo.

El equilibrio no es simple. La sociedad tiene legítimas preocupaciones en torno al uso correcto de estos instrumentos. La historia es prolija en ejemplos de prácticas de explotación ilegal de nuestros bosques hechas por manos indiscriminadas, con la complicidad de las autoridades civiles y militares de turno.

Ese contexto explica la resolución 034/2022 del Ministerio de Medio Ambiente, inspirada en el deseo de fortalecer la gestión ambiental y su inmediata reversa a través de la resolución 036-2022 que la dejó sin efecto-, evidentemente motivada por el reconocimiento de la necesidad de organizar un sector, sin penalizar a quienes si han hecho un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos. El desafío es enorme y el tiempo se acaba; toca organizar la casa mientras se vigila y sanciona a los infractores, y se supervisa, apoya y promueve a quienes si actúan conforme a la ley..

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