¿Dónde?

Según estadísticas ofrecidas por la Dirección General de Migración, entre enero de 2017 y julio de 2022, la República Dominicana deportó a 306 mil haitianos en situación irregular. A partir de estos datos, erróneamente, cualquiera podría pensar que nuestras autoridades al fin se han decidido (¡y digamos que era hora!) a organizar la migración en nuestro país. Pero no es así.

En realidad, de muy poco –casi nada– sirven las deportaciones, si hasta un honorable y pintoresco senador de la República, don Antonio Marte, lo sabe y con la locuacidad que le caracteriza lo dice a viva voz donde haya que decirlo: “Los haitianos sin visado pagan 15 mil pesos para poder entrar a República Dominicana”. ¡Toma ya! Como don Antonio, así las autoridades gubernamentales lo saben también, pero prefieren mirar para otro lado (hacer public relations con los datos de las deportaciones y las notas de prensa que de ellos emanan) ante los implacables mandatos de una Real Politik que impone sus reglas, pues como es ya de público conocimiento, aquí cada cuatro años hay unas elecciones que sin financiadores legales y/o ilegales es imposible ganar, convertidas las campañas políticas en viles actividades de inversión empresarial y del crimen organizado para cobros posteriores, que es una de las razones por las cuales en nuestro país la corrupción es un rayo que ni cesa ni se detiene ante ningún partido que tenga una mínima posibilidad de ganar desde una alcaldía a una curul cualquiera.

Hagan memoria, revisen Google, YouTube, hemerotecas. (Como la de volver al gimnasio en enero, una gran mentira es prometer frenar una corrupción que la misma competencia electoral de nuestra desvencijada democracia genera, fomenta y promueve, con perdón).

Y ahí siguen nuestros señores, negados a enfrentar a las bandas binacionales cívico-militares que cobran peaje para dejar entrar al país a indocumentados… y también para echarlos. Para no hablar de empleadores que gustan de contratar a indocumentados para trabajar en sus fincas, residencias, hoteles y edificios en construcción, pero al mismo tiempo no quieren verlos a ellos ni a sus hijos en los hospitales ni en las escuelas.