Realidades y correcciones

Los niveles de salarios que reciben algunos altos funcionarios del país, se han convertido en los últimos días en un tema de críticas de diferentes sectores de la sociedad.

Soy de opinión, y lo digo desde el principio de este comentario, que si bien el escenario –post pandemia, la agresión de guerra de Rusia contra Ucrania y las consecuentes presiones y crisis que estos hechos han generado en las economías mundiales, República Dominicana incluido- no era el más ‘apropiado’ para exhibir muy altos salarios en niveles importantes del funcionariato nacional, que los sueldos establecidos por ley, encabezados por el del Presidente de la República, son remuneraciones de miseria para tales posiciones.

Revisando la ley, la 105-13 específicamente, creo es una irrealidad, una hipocresía –como me dijera un amigo- que el tope de salario del Presidente de la República sea de ‘hasta’ 450,000 pesos mensuales. Y de ahí para abajo. Si la Administración Pública quiere tener profesionales bien formados, de alta calificación, tiene que pagar salarios competitivos como los que ofrece el sector privado a sus ejecutivos. Porque cualquier director departamental de uno de los principales bancos, o de empresa privada de primera línea, gana eso y mucho más. Creo, entonces, que se hace necesario sincerar los salarios en los altos puestos de la Administración Pública, no por aquello de que bajos sueldos fomentan o abren el apetito a la corrupción, sino porque si eso no se corrige, pocos serán, cada vez más, los que se quieran exponer a ser víctimas del escarnio público, aun siendo más honestos que la Madre Teresa.