Que la justicia no juegue al olvido
Es digno de reconocimiento que en el llamado caso Medusa el ministerio público, por iniciativa propia y sin esperar una querella de nadie, sometiera un expediente con interrogatorios a 40 testigos, 63 imputados, cerca de 3,500 pruebas y alrededor de 12,000 páginas.
Eso demuestra que cuando hay interés por investigar cualquier delito o crimen, sin importar que los imputados sean popis o wawawas, la justicia puede alcanzarlos y poner de por medio todos sus recursos para llegar a la verdad.
Lamentablemente con otros casos la actitud ha sido diferente.
Cuando el asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, denunció que el encargado de seguridad de la cárcel La Victoria supuestamente recibía siete millones de pesos semanales de la corrupción imperante en ese recinto, la reacción de la Procuraduría General fue que debía esperar una formal querella del autor de la denuncia.
Hasta ahora ninguna información de que alguna persona tan siquiera haya sido llamada a interrogatorio.
Sobre la investigación de la agresión al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y un grupo de periodistas en el Centro de Retención de Vehículos ubicado en el antiguo canódromo El Coco poco se sabe, pese a que incluyó también un atentado a la libertad de prensa, cuando personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) borró la data a un celular del Listín Diario retenido tras el incidente.
La semana pasada se informó también que el Poder Ejecutivo dispuso la entrega de una pensión de RD$50,000 a Carmen Ferreras, madre de Joel Díaz, el pastor asesinado en marzo de 2021 cuando salía junto a su esposa Elisa Muñoz de una campaña de evangelización en el municipio Villa Altagracia.
Pensiones similares –de RD$50,000 y RD$30,000- recibirán la madre y la abuela del joven David de los Santos, quien murió el 1 de mayo de este año debido a los golpes que recibió en el destacamento policial del ensanche Naco, tras ser detenido por la seguridad de la plaza Ágora Mall durante un incidente repleto aún de interrogantes.
Recuerden que la acción judicial por violencia de género contra Alexis Villalona, a quien apodaron “el abusador de Baní” quedó sepultada definitivamente cuando el imputado acordó con la víctima Santa Arias, otorgarle una compensación económica.
Paradójicamente, Villalona fue puesto en libertad en la fecha en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer y así terminó esa zaga que indignó tanto a la opinión pública.
Del caso David de los Santos nos interesa saber –al igual que ha ocurrido con el expediente Medusa- si han sido interrogadas personas que tuvieron contacto con él en la plaza comercial antes del triste desenlace, la cantidad de páginas del expediente instrumentado, autores materiales y posibles intelectuales del crimen y que todos los detalles se filtren a los medios de comunicación para que la población pueda conocer el curso de la investigación.
Las muertes de los pastores evangélicos y del joven De los Santos en su momento conmocionaron a una sociedad que espera una respuesta rápida, certera y sin exclusiones de las autoridades judiciales.
No criticamos que el Estado dominicano acuda en auxilio de familiares que ahora quedaron desamparados económicamente tras esos atroces crímenes, pero nadie espera que el otorgamiento de pensiones sea una manera de aquietar el clamor de los familiares y de la sociedad para que esos crímenes no queden impunes.
La justicia no puede jugar al olvido en ambos casos, como ha ocurrido en el pasado con hechos similares que han quedado sepultados para siempre.
En la profesión que ejercemos se usa con frecuencia la máxima de que “un hecho mata a otro”, para dar a entender como el interés por un acontecimiento decae cuando llega otro similar o de mayor interés.
Creo que nos sorprenderíamos si un día decidiéramos hurgar en la cantidad de delitos y crímenes que un momento determinado acapararon la atención de la sociedad, pero quedaron sin solución debido a un desinterés deliberado.
Esa desidia intencional jamás debería tolerarla un país que se precie de ser un Estado Social y Democrático de Derecho, como reza el artículo 7 de la Constitución de la República Dominicana, y donde se garanticen la dignidad humana y los derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social.
Y contrario al malletazo de la doctora Ana María Polo para dictar sentencia en su popular programa de televisión, la sociedad debería levantarse para gritar ante los tantos casos cerrados sin solución: “Decimos, casos abiertos”.