República Dominicana: Avances en materia anticorrupción
La corrupción se entiende como un fenómeno que vincula e involucra el abuso de poder para la obtención ilegítima de un beneficio de carácter privado, económico, entre otros. Lo que se traduce a una amenaza constante y para el detrimento de las instituciones democráticas que son la estructura básica en la cual se debe apoyar el desarrollo responsable y sostenible de los países.
Según las palabras de Kofi A. Annan, recogidas en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, «la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana».
En este contexto, la corrupción es como una célula cancerígena que pone en peligro y amenaza la estabilidad económica, social y geopolítica mundial. Por tanto, es un factor importante que se mantiene en vigilancia y monitoreo por los organismos internacionales de renombre, como la Transparencia Internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de Investigación a Casos de Corrupción (OCCRP) y demás, para efectos de medir y evaluar esta terrible condicionante que debilita la institucionalidad de un estado democrático.
La República Dominicana
Hoy en día se puede destacar que el gobierno actual de la República Dominicana ha mostrado una gran señal contra la corrupción y el rescate de la institucionalidad a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, mediante la cual se lleva un mensaje a todos sus servidores públicos que la ética en sus funciones no es una elección, sino un deber como ciudadanos.
Adicionalmente, el actual gobierno jerarquizó la actividad del Sistema 311 de denuncias mediante el Decreto 694/09, cuyo propósito es la canalización de las denuncias, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos hacia las instituciones y los organismos públicos. La existencia de este canal apoya la estrategia de un gobierno electrónico en la República Dominicana, mejorando los canales de interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado.
El esfuerzo de rescate de la institucionalidad también fue abordado por reguladores clave del país, como la Superintendencia de Bancos, que puso en funcionamiento mediante la Carta Circular SB 019/21, el canal de denuncias. Apoyando así el informar en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para salvaguardar la integridad del sistema financiero y por ende la gestión integral de riesgos para prevenir los mismos.
Prueba fehaciente del fortalecimiento de la institucionalidad fue el juramento, el pasado 19 de mayo de 2021, de los primeros ocho oficiales de cumplimiento que ahora forman parte de las instituciones que manejan el mayor volumen de presupuesto, con la finalidad de garantizar la integridad de los procesos, prevenir la corrupción y asegurar la calidad en la gestión de las compras públicas.
Desde el punto de vista de las mejores praxis, esta iniciativa es el resultado de la aplicación del Decreto 36-21 para el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas, creado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), cuyos estándares serán implementados en las unidades de compras de cada institución para promover el cumplimiento normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de cumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas.
Presentando así un eje fundamental en la estrategia nacional para el desarrollo del país, con la finalidad de lograr una gerencia administrativa pública eficaz y sobre todo transparente para el desarrollo institucional, como garantía de un procedimiento ético para un buen proceso de rendición de cuentas.
En otro orden, la cultura de las buenas praxis en estos tiempos ha generado que hoy los sectores primordiales de la economía nacional adopten y tomen en serio la implementación en sus empresas de la educación, concienciación y formación, no como un gasto, sino como una inversión para su sostenibilidad a largo plazo.
Las buenas prácticas
Transparencia Internacional emitió los índices de percepción de la corrupción (IPC) correspondientes al periodo 2021 en donde los países de las Américas, incluyendo a EE.UU. y Canadá, obtuvieron una puntuación media de 43, por tercer año consecutivo, lo que representa un estancamiento en la lucha contra este crimen. A pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional para luchar contra este mal, la corrupción en las Américas continúa debilitando la democracia y los derechos humanos.
Según los resultados del IPC 2021, la República Dominicana obtuvo 30 puntos en 2021, dejando atrás sus calificaciones más bajas obtenidas en 2019 y 2020. Actualmente ocupa la posición 128 de 180 países. El fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, ha contribuido a mejorar la percepción de la corrupción mediante la persecución de los delitos precedentes.
Si bien es muy importante el desarrollo en el mencionado, hay que destacar que es un punto de partida para darle combate a la corrupción. Para lograr cambios significativos y sostenibles en el tiempo es fundamental seguir desarrollando iniciativas que fortalezcan la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas tanto en las instituciones públicas como en las privadas.
Desarrollando iniciativas
Las iniciativas desarrolladas en la República Dominicana han permitido el logro de progresos, en cuestión del soborno, a través de acuerdos internacionales. Por ejemplo, a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, ratificada por el Congreso Nacional en el 2006 y la ONU. Asimismo, a través de sus leyes nacionales, como la Ley No.448-06 sobre el soborno, el comercio y la inversión; la Ley No.340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, además de modificaciones a la Ley No.449-06.
Mas allá de todos los logros mencionados, estos acuerdos y leyes no fueron suficientes para resolver este problema, por lo tanto, el actual gobierno de la República Dominicana presenta dentro de su carpeta de intenciones el nombramiento de un procurador general políticamente independiente. Esta intención alienta a tener una justicia libre de injerencias de cualquier naturaleza, permitiendo desarrollar un verdadero Estado de derecho.
Otra intención relevante es la que actualmente está tratando el Congreso Nacional sobre un proyecto de ley de juicio de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
Las iniciativas mencionadas, junto con el nombramiento de oficiales de cumplimiento, la implementación de sistemas de gestión anticorrupción en las entidades públicas y el canal de denuncias por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, seguirán contribuyendo proactivamente en la lucha contra la corrupción y el soborno mediante la implementación de sistemas de gestión Antisoborno alineados a prácticas internacionales.
Uno de los pilares de las iniciativas fue la implementación de sistemas de gestión antisoborno como el establecido por la International Organization for Standardization (ISO), una organización no gubernamental, a través de la normativa ISO 37001-2016. Esto implicó que entidades gubernamentales desarrollen e implementen políticas de cumplimiento en las cuales se apoyan sistemas de gestión adecuados que ayuden a cumplir obligaciones legales y compromisos con la integridad. Adicionalmente, se crearon políticas antisoborno como un componente de las mejores prácticas internacionales.
Políticas adecuadas de gestión antisoborno permitieron articular actividades en las diferentes entidades públicas para establecer compromisos de liderazgo, identificar la exposición al riesgo de soborno, determinar una correcta asignación de roles y responsabilidades, establecer controles operativos adecuados (incluidos los canales de denuncias) y desarrollar tableros de gestión con indicadores robustos. Todo esto direccionado a la detección y prevención de estas malas prácticas.
El gran esfuerzo que está haciendo el sector público también debe replicarse en el sector privado. Existen diferentes países en el mundo donde las entidades gubernamentales han reconocido los beneficios de implementar sistemas de gestión anticorrupción, los cuales han alentado su adopción en dicho sector. Logrando así ecosistemas de empresas con buenas prácticas implementadas que crean un impacto positivo en la reducción de los índices de corrupción.
Conclusión
Es fundamental que los supervisores desarrollen mecanismos éticos necesarios que ayuden a tener barómetros o indicadores, los cuales permitan medir la efectividad de un sistema de gestión antisoborno con el propósito de generar información oportuna para las autoridades competentes.
Adoptar una función de cumplimiento ético y un sistema anticorrupción son métodos eficaces que permiten la elaboración de mapas de riesgo y a su vez la correcta identificación de controles. Por otro lado, es de sumo interés que los países de la región puedan replicar el modelo de la República Dominicana ya que puso en marcha una estrategia correctamente elaborada, tras la asignación y contratación de profesionales con experiencia en la materia.
La República Dominicana ha marcado el camino y la voluntad del gobierno para seguir fortaleciendo procesos que permitan al país seguir reduciendo los índices de percepción de la corrupción. Colocándolo así una jurisdicción más transparente y sustentable para el desarrollo de los negocios, el crecimiento de su economía y por consecuencia, el bienestar de su gente.
Sobre el Autor:
Marbel Güilamo Peña
Especialista en Materia de Cumplimiento Ético, Riesgos y Anticorrupción. Catedrático universitario - UNIBE Conferencista y Articulista de alto nivel, reconocido en el sector financiero. Cuenta por la PECB de Canadá con las credenciales siguientes ISO 31000 Risk Manager (acreditación de Riesgo (Anti Money Laundering) Marco Regulatorio ISO 37001 Implementador Líder Senior. Actualmente pocos profesionales en el mundo tienen este upgraded de senior Certification Operational Risk Manager (OPrM). London, United Kingdom Certificación Operacional ISO 27001 Specialist por la ORMC London Certificación 37301 Sistema de Gestión de Cumplimiento por la ORMC de Londres. Miembro del Consejo de Editorial de la revista internacional Acams Today, especializada en delitos financieros, editada en los Estados Unidos Especialista en delitos financieros, Lavado de Activos, Anticorrupción y Antisoborno, Ética y tendencias de la Banca Digital de emisión en los Estados Unidos