La coronela tiene quien le escriba

Las dificultades para domeñar a la violenta coronela policial Ysabelita de los Santos, fortalecen la creencia de que son ciertas las denuncias sobre corrupción en el centro de retención vehicular que dirigía y que poderosos beneficiarios ocuparían impensables despachos oficiales.

A más de dos meses de la agresión contra el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y reporteros del Listín Diario y CDN ha sido imposible una medida disciplinaria y mucho menos la acción penal que impulsa el ministerio público.

En un país en que generales han perdido el uniforme por chismes menores y que individuos han tenido que ver la cara de jueces al maltratar a un perro o lanzar café a la cara de otra persona, una oficial reincidente agrede físicamente a la cabeza de un órgano constitucional extrapoder (placa número 10. El ministro de Interior y Policía es el 15) y a una periodista, y la monstruosidad se relativiza y se fuerza el olvido.

Necesariamente hay que volver al negocio denunciado durante años, personas afectadas por las incautaciones de motocicletas y automóviles retenidos en “El canódromo” y a los reportajes e investigaciones de periódicos y programas de televisión.

Listín Diario en una serie de reportajes detalló como operaba lo que definió como entramado mafioso bajo la sombrilla de la autoridad policial, con prácticas cuestionables de incautación, sustracción y ventas de piezas y extorsión para recuperación de las motocicletas y automóviles. Estas revelaciones motivaron al Defensor del Pueblo.

Pablo Ulloa, acudió a una inspección, en compañía de funcionarios y periodistas, siendo sorprendidos por una desproporcionada violencia de los agentes de Digesett, que repartieron golpes, sustrajeron cámaras y borraron material informativo.

El presidente Abinader condenó la agresión y advirtió que habría sanciones, además de recibir a Ulloa y crear una comisión para la viabilizar la entrega de los vehículos retenidos. Muchas voces plantearon desmontar el engendro.

El centro de retención sigue su agitado curso, aunque han disminuido las quejas. Se anunció una subasta.

La fiscalía del Distrito Nacional, luego de dos reveses frente a una jueza de la Instrucción en pedidos de órdenes de prisión, anunció el jueves último que en los próximos días acusará formalmente a la coronela, 6 policías y un civil por delitos de alta tecnología y violación de varios artículos del Código Penal y de la Constitución. El abogado de Ysabelita, de otro lado, entiende inadmisible el proceso disciplinario.

Y es que la falta de sanción estimula a los agresores y envilece y frustra a los ciudadanos.

La coronela y su celoso guardián, el raso Starling Antonio Sierra fueron investigados por la agresión a un periodista en noviembre del 2019. Solo 20 días de suspensión para el agente sin disfrute de sueldo y la oficial sin un regaño.

Posteriormente, el 5 de mayo del 2020 Sierra fue cancelado y puesto “a disposición” del ministerio público, por golpear a un médico en la cara en la emergencia del hospital Moscoso Puello. Estaba herido y reclamaba atención inmediata, pese a que otros pacientes habían llegado con antelación.

Sierra, extrañamente, reapareció en el centro de retención vehicular al servicio de la coronela, y destacándose como el más agresivo del grupo. Es el sujeto vestido con franela negra, que golpeó sorpresivamente en la cara al doctor Harold Modesto, secretario general del Defensor del Pueblo.

Si no hay sanción serán reasignados (quizás ya lo están, temporalmente) y hasta la próxima agresión…

Mientras, es evidente que a Ysabelita no solo la protege el palo de golf que usó con sobradas habilidades para violar grosamente la ley. Interesados maniobran para convertirla en víctima.