Sospechosa reforma constitucional

El Gobierno insiste en imponer en la agenda nacional y legislativa su inicia­tiva para reformar la Constitución de la República a pesar de los exiguos apoyos que ha cosechado. Cabe recordar, la misma fue anunciada con el de­clarado propósito de “consolidar la independencia del ministe­rio público y blindar los avances democráticos que hemos con­seguido”. No obstante, el pro­yecto presentado por el partido oficial en el Consejo Económico y Social (CES) tiene pretensio­nes más ambiciosas que las ex­puestas. En principio, lo relativo a la independencia del ministe­rio público resultaba atractivo, empero, ha sido demostrado en forma incontrovertible que la ac­tual Carta Sustantiva contempla la autonomía necesaria para ga­rantizar la independencia de ese importante órgano. Vale decir, a partir de 2010 el Presidente de la República solo tiene facultad para designar al Procurador Ge­neral de la República y la mitad de sus adjuntos. Los demás in­tegrantes del ministerio público están sometidos a un sistema de carrera, conforme a su Ley Or­gánica.

Reconocidos juristas y acadé­micos en materia constitucional la consideran inoportuna e inne­cesaria, desmontando en forma categórica los argumentos que intentaban justificar la iniciativa.

Sin embargo, aunque con­cita escasos apoyos relevantes más allá del interés del oficialis­mo, el vocero gubernamental, Homero Figueroa, en un inten­to desesperado por apresurar la reforma constitucional sin con­senso con las demás fuerzas po­líticas y sociales, sentenció, “esta reforma constitucional no perte­nece a los partidos, no pertene­ce al gobierno, pertenece a los ciudadanos…”. Un argumen­to manido al que han recurrido en el pasado los gobernantes de turno cuando sus acciones ocul­tan otras intenciones, como se sospecha en la especie. Es da­ble recordar que el oficialismo no tiene los votos suficientes pa­ra impulsar por sí solo la anun­ciada reforma en el Congreso Nacional. Cabe preguntarse, ¿cómo logrará entonces el Go­bierno conformar las mayorías requeridas para modificar la Constitución? ¿A qué mecanis­mos recurrirá para obtener los votos necesarios, si los dos prin­cipales partidos de oposición han dicho que no la apoyan? La respuesta a esta interrogan­te la tiene el gobernante.Así las cosas, la reforma constitucional quedaría en un manto de sospe­chas. Con la agravante de que se da en un ambiente salpicado de denuncias recientes que atañen a prácticas similares a las que se sospecha recurrirá el Gobierno. Conforme a lo relatado por or­ganizaciones de oposición, el ofi­cialismo estaría “sonsacando” a funcionarios municipales perte­necientes a esos partidos, a tra­vés de los resortes que otorga el poder. También, está en curso una denuncia más perniciosa, pues atañe al derecho de los ciu­dadanos a recibir información servida sin distorsiones o mani­pulaciones del poder.

Así, según consta en infor­mes provenientes de expertos, incluso de personas estableci­das en el extranjero, se sospecha el Gobierno habría “comprado” los denominados Bots (cuentas falsas) en redes sociales para re­señar y destacar informaciones positivas de la gestión pública en procura de mejorar la ima­gen de la Administración. El des­mentido oficial ha sido lacónico y poco creíble. Ahora bien, el ambiente para la reforma cons­titucional se torna más receloso por la naturaleza de las modifi­caciones propuestas, las cuales abarcan al órgano del sistema judicial a cargo de las investiga­ciones y persecución del delito.

Más aun, resulta imperativo abordar el asunto tomando en consideración la situación legal que encaran algunos de los con­gresistas llamados a aprobar las enmiendas constitucionales, pues constituye un hecho noto­rio que un puñado de ellos son sospechosos en investigaciones de carácter judicial abiertas por el organismo a ser reformado. Además, dicha iniciativa tam­bién incluye modificaciones en aspectos medulares del Poder Judicial y el Tribunal Constitu­cional. Así las cosas, los aprestos oficialistas para modificar la Car­ta Sustantiva están permeados por las sospechas. Se sospecha de los verdaderos propósitos de la reforma constitucional. El al­cance de la reforma es también sospechoso. Resultan sospecho­sos los mecanismos que utiliza­rá el Gobierno para conformar las mayorías necesarias en las Cámaras Legislativas. Se sospe­cha de las razones ocultas para variar el mecanismo constitu­cional de designación de los in­tegrantes del ministerio público, mismo que pudiera ser atribui­do al Congreso Nacional. Algu­nos legisladores son sospecho­sos en investigaciones o acciones judiciales de distinta naturale­za que están en curso. En el ac­tual contexto, se sospecha que el Gobierno recurre a prácticas espurias para variar voluntades de opositores en los municipios y sumarlos a la agenda oficialis­ta. Además, se sospecha que ha recurrido a mecanismos simila­res para “comprar” los llamados bots en redes sociales, con el pro­pósito de utilizar cuentas falsas para mejorar la imagen guber­namental. Igualmente, se sos­pecha el Gobierno podría pac­tar con individuos de un sector de la oposición sobre los cuales hay investigaciones abiertas por ser sospechosos de presuntos delitos contra la administración pública.

En definitiva, no están da­das las condiciones para una re­forma constitucional en estos momentos, que por demás está marcada por las sospechas y los sospechosos.