Minerd vs ADP, aumento a cambio de calidad educativa

La coyuntura educativa ha estado marcada por la propuesta de aumento salarial del 10% a los maestros públicos presentada por el Ministro de Educación de la República Dominicana (Minerd), Roberto Fulcar ante el reclamo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

El sindicato magisterial aceptó el monto —¡claro!— y contra ofertó: que sea retroactivo a enero, 2022, pidieron. El Minerd lo ofrece a partir de julio del corriente año.

Como ciudadano de irrenunciable convicción democrática —al estilo duartiano y martiano, no quepan dudas, esto es: ético, de plena igualdad de oportunidades para todos— valoramos que los trabajadores tengan y ejerzan su derecho a aspirar y a reclamar mejoras condiciones de vida que dependen de sus sueldos y salarios.

Sin embargo, lo de la ADP ante el Minerd hastía y ofende; raya en el abuso a los fondos y fines públicos.

Si contásemos las huelgas, paros y climas de ingobernabilidad escolar que la ADP ha propiciado desde la aprobación del 5% a la educación en el 2013, veríamos que cada año encuentran excusas para copar de intranquilidad las aulas y entorpecer la calidad educativa dominicana.

Las demandas salariales —su oferta electoral prioritaria— siempre serán apoyadas por maestros que tontos no son. Esos que por el cierre escolar a causa de la Covid-19 estuvieron cobrando.

Durante tal lapso, ¿no ahorraron en transporte, vestidos, zapatos, etc.?

Y ahora enarbolan el cuentazo de la calidad educativa en sus reclamos, cuando son los exactos responsables de los bajísimos índices académicos nacionales.

El Presidente se ofreció a mediar en este conflicto y quizás por esto el Minerd propone ese inmerecido aumento que, por demás, los profesores exigen desde enero, como si las arcas públicas y el presupuesto ministerial educativo fueran las cajas chicas de sus sindicados.

Tan pronto se convenga el aumento —retroactivo a enero, a marzo o desde julio—, instamos a la población a vigilar la calidad educativa, a conformar asociaciones comunitarias de padres y tutores de estudiantes públicos.

Hay que obligar a la ADP y a sus sindicados a garantizar un servicio educativo de calidad: servir a los educandos una docencia marcada por la vocación y la inspiración; transmitirles los contenidos mediante discursos motivacionales que resalten el valor social, económico, personal y familiar del saber y del saber hacer; que siembren la ética de la calidad en actos e interacciones sociales y familiares; ejercitando su observación y razonamiento; el respeto a las normas como garantía de la vida colectiva; enseñándoles a diferenciar entre el estado de naturaleza y el social; sembrándoles la responsabilidad individual de desarrollar los talentos cómo fuentes del bienestar individual, familiar y social… De aprovechar el sistema de formación profesional, tecnológica y cultural para superar la pobreza; de cómo los idearios, credos y religiones basadas en el amor, el respeto al prójimo y a las leyes, en la solidaridad y la tolerancia hacen mejores ciudadanos…

Al ver eso —ausente en el presente siglo—, traducido en resultados de comprensión, capacidad expresiva, habilidades y calidad humana en los educandos, consentiremos que el Minerd les aumente lo necesario.

Ahora, sin embargo, no lo merecen. Los profesores deben cobrar por resultados.