Tasa cero, bienestar y la misión del gobernar

Nuestros honorables diputados aprobaron el proyecto de ley que protegería el poder adquisitivo ciudadano ante el embate económico adverso de los cierres por la Covid-19 y la guerra en Ucrania: liberando el Arancel a 67 productos y materias primas incidentes en nuestra canasta familiar, como propuso el Presidente.

Aprobada allí, pasó al Senado y, de ser refrendada, como se prevé, irá a Palacio, a promulgarse.

Dada la escalada inflacionaria mundial y el crecimiento de la pobreza extrema en América Latina en 2021 (+13.8%), por la pandemia, adoptar dicha iniciativa debe ser unánime; podría votarse escuchando las advertencias del Banco Mundial.

Sólo la politiquería lo impediría. Creemos y deseamos pensar que nuestras organizaciones políticas superaron las hórridas tradiciones de aquellas falsas izquierdas que esperaban ver personas morir en las huelgas y protestas —gente armada, encapuchada e incendiara— para argumentar la existencia de un Estado de terror gubernamental.

Sólo una altísima aprobación al gobierno del Presidente Abinader podría estar motivando tal irracionalidad: atacar con tan penosos ardides, Chacumbele auto deslegitimándose.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) dio la voz de alerta necesaria. No lo dijo textualmente; soto vocce su temor pareció nutrido por aquella experiencia y tradición en que navegaron a sus anchas gobiernos pasados; “cediendo” “permisos de importación”, en Palacio, a correligionarios, sin importarles un bledo el productor nacional que ahora claman defender.

Don Hipólito Mejía siempre denunció tales entramados, como paladín de ese sector agroindustrial al cual abrió las anchas puertas del mercado estadounidense que sólo la insufrible burocracia y el avivatismo nacionales impiden aprovechar en su potencial enorme.

El país posee las instituciones de vigilancia necesarias para normar las facilidades que puedan derivar de esa ley: para favorecer exclusivamente a consumidores y productores, excluyendo grupitos archienriquecidos y a expertos en triquiñuelas.

Como el Presidente debe cumplir —y velar por el cumplimiento de— la Constitución y las leyes, un decreto de aplicación de esa Ley podría redactarse en la Consultoría del Poder Ejecutivo: normaría la gestión de dicha iniciativa y, especialmente, las famosas “cuotas”, bajo ópticas de urgencia, legitimidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

Ninguna ley debe perjudicar a nuestros productores. Menos a los de bienes de la canasta familiar, garantes de la seguridad alimentaria. Notemos que sus materias primas y productos están ampliamente exentos de Advalorem, Arancel e ITBIS.

Eliminar el Arancel completa y temporalmente los favorecerá más. También a los consumidores. Porque importadores, productores ni detallistas podrían transferir estos impuestos, más los costos y ganancia sobre los arbitrios, al precio final.

El conflicto está entre bienes terminados, locales e importados: nuestras industrias no son globalmente competitivas. Impuesto a la seguridad alimentaria que pagan los consumidores.

Retos del Senado y el posible Decreto de Aplicación de esa Ley son el equilibrio y el control: alcanzables a través de la DGII, el Ministerio de Agricultura, el Bagrícola, la Aduana y el Inespre. Ampliando las iniciativas a favor de nuestros productores, la correcta fiscalidad y el control de precios.

Hora de actuar alineados para favorecer a la población y al productor como lo desea Abinader.