La nueva realidad del sector eléctrico

En los años 90s, a raíz de la crisis económica, o como uno de sus componentes fundamentales, surgieron los primeros estudios destacando la necesidad de reformar, modernizar y eficientizar el sector eléctrico de la República Dominicana como una manera de soltar amarras y poder desarrollar nuestra economía de una manera más eficiente y dinámica.

Dos problemas importantes impactaban la sociedad debido a las deficiencias del sector eléctrico concentrado en las manos de la estatal Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). El bajo nivel de inversiones en generación iba ampliando el déficit entre la oferta y la demanda de electricidad, retrasando y posponiendo importantes emprendimientos productivos por la baja calidad y las constantes interrupciones en el servicio eléctrico, que obligaban a cuantiosas inversiones de capital asociadas a la autogeneración.

La otra, el permanente drenaje de las finanzas públicas que significaban unas empresas estatales ineficientes y financieramente dependientes del presupuesto nacional. Siendo la CDE, la joya de la corona, en el sentido de demandar más recursos directos para su operatividad, así como del financiamiento externo a través de deuda soberana. Situación que ha seguido, lamentablemente, hasta la fecha, con más de US15,000 millones en subsidios transferidos al sector desde la fecha.

Después de la reforma y capitalización de la industria, con la extraordinaria inversión privada la expansión del parque de generación ha alcanzado unos hitos impensables, con una capacidad instalada de generación de más de 5,000 MW, que supera, en términos lineales, la histórica demanda máxima alcanzada en octubre del 2021 de unos 3,080 MW.

En consecuencia, los problemas y desafíos de la industria eléctrica, en relación al suministro, no son los pedestres y acostumbrados déficits de generación que vivimos en el siglo pasado debido a la falta de inversión. De hecho, en nuestra gestión al frente de la Superintendencia de Electricidad experimentamos como regalo de bienvenida cinco apagones generales o ´black outs´ en el 2005 que, fruto de las medidas regulatorias implementadas, han desaparecido del panorama.

Un estadio superior de desarrollo en la industria demanda un apropiado “fine- tuning”. No simplemente más generación sino unidades generadoras que suplan las deficiencias estructurales arrastradas por el desarrollo tortuoso y poco planificado de nuestra industria eléctrica, mientras incrementa la confiabilidad y estabilidad del sistema. En definitiva, estructurar un sistema eléctrico de alta confiabilidad, calidad y seguridad de suministro que incremente la competitividad de una economía cada día más sofisticada, que está exportando cientos de millones de dólares en equipos electrónicos (+US$676 millones) y dispositivos médicos con elevados estándares de calidad (+US$721 millones), entre otros.

Pero que, al mismo tiempo, abarate los costos de producción con energía de fuentes renovables en atención a los compromisos de menor contaminación y des carbonización de nuestra economía, mediante la incorporación de emprendimientos ambientalmente amigables, mientras compensa en tiempo real la volatilidad inherente a estas renovables convencionales –sol y viento-, cuyo atractivo a la par del aspecto medioambiental es su prácticamente cero costos variables de producción, con unidades térmicas generadoras convencionales. Preferiblemente a través de ciclos combinados a gas natural y/u otros esquemas alternativos de generación y almacenamiento de energía disponibles en el mercado, a costo y riesgo de inversionistas privados.

En este sentido, en el campo de la generación, los mayores esfuerzos de las autoridades deben centrarse en: i) Fomentar las inversiones de corto y mediano plazo a los fines de incrementar la confiabilidad del sector; ii) Crear condiciones apropiadas de mercado para que la capacidad instalada actual vaya dando pasos en la sustitución de unidades ineficientes y ambientalmente poco amigables; iii) Definir y establecer medidas regulatorias y comerciales que incentiven inversiones para el suministro de los “misceláneos” requeridos por la ley para la estabilidad del sistema (regulación de frecuencia primaria y secundaria, variaciones de voltaje y frecuencia), así como para la incorporación de unidades de reserva rodante y de arranque en frío o “black start”), que permitan enfrentar adecuadamente cualquier tipo de contingencia o evento en tiempo real.