Fin de contrato, sin sanciones

En la firma de un contrato entre el Estado y particulares pudiera haber incompetencia, descuido, inexperiencia o corrupción para desfavorecer el bolsillo público.

El descuido pudiera ser fortuito o deliberado, lo que podría implicar en último caso negligencia culposa para a un funcionario perverso,

En el caso de incompetencia, el responsable sería la autoridad que colocó a determinados individuos en las negociaciones a sabiendas de que no cumplirían un rol eficiente en defensa de los intereses oficiales.

Con relación a la inexperiencia ocurre lo mismo.

En algunos casos, los individuos hasta se sientan a ambos lados de la mesa como ocurrió en las negociaciones con Odebrecht para la construcción de Punta Catalina.

La posibilidad de la hidra de la corrupción en contratos sospechosamente desfavorables al gobierno y al país surge de inmediato a partir de dolorosas experiencias desde finales del siglo diecinueve.

Contratos de préstamos y de obras absurdos y abusivos que provocaron hasta la pérdida de la soberanía.

¿Debe asumirse que los funcionarios oficiales que participaron en las negociaciones para el contrato de la construcción de la carretera del Nordeste eran deficientes en cálculos matemáticos? No parece que fuera el caso.

En una concesión para una carretera hay cálculos sobre flujo vehicular para determinar pagos en los peajes y tiempo de recuperación de la inversión.

Los precios de los peajes de la autopista Juan Pablo Segundo resultaron abusivos y obsceno el monto anual del “peaje sombra” (dinero entregado por el Estado para “cubrir el faltante”), que para 2022 superaría los 4 mil 652 millones de pesos en el presupuesto general del Estado. Le ha costado al país 26,348 millones en 13 años. La vía fue inaugurada el 12 de diciembre del 2008.

Adjudicado el 01 de junio de 2001, inicio de ejecución en 2005, por 30 años y con adendas, el contrato finaliza por negociación, según anunció el presidente Luis Abinader la noche del jueves último, quien dijo se pagará 410 millones de dólares, para un ahorro de 1, 500 millones de dólares. Se reducirá un 20 por ciento a partir de enero en el pago por circulación en la vía.

Considerado infame, el contrato fue rechazado por sectores sociales y políticos, nació viciado con elementos para ser rescindido, según el abogado Enmanuel Esquea, encargado en febrero último para evaluar el negocio. En diversos momentos se anunciaron ruidosas revisiones.

La decisión presidencial fue aplaudida, pero algunos reclaman investigaciones que establezcan responsabilidades por lo que definen como estafa.

En otro contexto, sobre las investigaciones de la Cámara de Cuentas a solicitud del Ministerio Público, Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, sugirió que se extiendan a funcionarios públicos que permitieron o autorizaron las presuntas acciones corruptas detectadas.

“Es en esas atenciones”, en referencia al decreto crea el organismo y la profesionalidad e independencia del Ministerio Público, “ que con el debido respeto a la investigación que pueda realizar o que esté realizando a las referidas auditorías, que nos permitimos solicitar que las mismas se extiendan a los servidores públicos que han permitido, violando los procedimientos establecidos, autorizar acciones corruptas que se tejieron en las instituciones objeto de los informes de las auditorías de referencia”, precisa.

¿Sería posible hacer una extrapolación, salvando las enormes diferencias, con aquellos contratos alevosamente firmados que han provocado enorme sangrado al erario?

En varios casos, intentos de rescisión en ámbitos internacionales nos dejaron costosas palizas legales y económicas.

Lo cierto es que pagamos malos acuerdos para el Estado que engrosaron los bolsillos de algunos, que incluso tratan de volver al Estado, abiertas sus insaciables fauces.