Esa delincuencia: tan execrable como el “desgraciado ácido del diablo”

Los sectores impolutos de la sociedad dominicana tienen hoy razones sobradas para marchar tras el Presidente Abinader y de la Justicia Independiente que ha instalado.

Con determinación, críticos y vigilantes.

Porque hay —en el deplorable espectáculo debajo de cuya piel los órganos de la justicia retiran el velo de los encubrimientos y las confabulaciones—, amenazas a la Nación y, también, inaceptables implicaciones para la convivencia y seguridad ciudadanas.

Sólo bajo la luz del razonamiento ellas pueden ser conocidas o intuidas. Especialmente al tratar de extraer, del fondo de sus dermis purulentas, las respuestas posibles a una pregunta inocente: ¿Cómo todo eso pudo estar ocurriendo en un gobierno ajeno, conducido por otra organización, del 2012 al 2020?

Es un cuestionamiento metódico y de rigor.

Por el hecho extraño de que los imputados en los actualmente resonantes casos delictivos que involucran lavado de activos y narcotráfico, como la Operación Falcon, por ejemplo, ostentaban prerrogativas dirigenciales o son o habían sido electos para cargos electivos, o designados por el partido opositor de mayor calaje entre el 2012 y el 2020: el Revolucionario Moderno, ahora gobierno.

Un hecho así podría sugerir la existencia de otro PRM, diferente del de Abinader, y de otro PLD, sólo Dios sabe diferente de quién. Ambos “de las sombras”, actuando ocultos.

Esto implicarpía la probabilidad de un acuerdo “político” también soterrado entre las jerarquías políticas, oficial y de justicia durante los gobiernos 2012-2020. Sobreentendido, tácito. En virtud de él, los bajos mundo y el territorio nacional se entregarían a ese sector de la “oposición” y propio, para trabajos sucios. Para favorecerlos —de comprobarse su existencia— con patentes de corsu: “permisu de l´autoridá p´atacar” a la sociedad.

De ser así, lo penoso sería que la parte negra del liderazgo de aquella “oposición” lo aceptara, conviviendo con eso como —de hecho— los resultados actuales sugirieren, con altísima tasa de probabilidad. Porque ¿cómo es posible que aquellas direcciones partidarias, sus comités centrales y políticos, sus comités ejecutivos nacionales, la Dirección Nacional de Control de Drogas y aquel DNI 2016-2020 no advirtieran al Ejecutivo y a los jerarcas políticos sobre tales inconductas y andanzas?

Y si fueron alertados —en un país donde esos organismos llevan al Presidente hasta los chismes del vecindario y “todos nos conocemos”—, ¿cómo es que ni los partidos, ni el Presidente ni la justicia de entonces actuaran?

De aquí la conjetura de la probable existencia de una componenda infame.

El Presidente Abinader, al dejar que la justicia actúe en plena libertad —su Justicia Independiente prometida y entregada—, respetando sus fueros constitucionales y, por consiguiente, aportando para que construya como espacio también esencial para la articulación práctica de la cacareada rendición de cuentas propia de la Democracia, está haciendo un importante aporte social. Significación derivada de que puede desarticular aspectos importantes generadores de deformación social, económica y en las conductas o desenvolvimientos individuales y colectivos.

Procede pues la pregunta: ¿Se concertó, dio forma y rubricó de palabra o de manera práctica, algún acuerdo de ese tipo entre el 2012 y el 2020, entre tales actores?

¿O sólo se trató de un generalizado y cómplice “laissez faire les facer”?

Porque es difícil no apreciar —en lo que nos inunda hoy— un pacto sobre lo siguiente: el gobierno roba arriba —como se ha visto que robó, según los resonados casos de corrupción administrativa—, en tanto ustedes, señores de la oscura oposición, delinquen abajo. Y todos felices (Sic).

La sola posibilidad de tal especie de fraude constituiría la más burda burla a la sociedad y convertiría a los probables oscuros sectores de los partidos y del gobierno que perpetraron tal infamia, en verdaderos tunantes.

No es una posibilidad descabellada.

La calidad de estafadores sociales de sectores y actores políticos está bien documentada en la praxis política nacional. No son pocos los “líderes” que se han dedicado a dar tumbes a sus compañeros de partido, a simpatizantes o a contribuyentes de sus campañas políticas.

A nuestros oídos han llegado los llantos amargos de gente que —deseando aportar a la construcción de un país mejor e idóneo— optaron por comprar ese derecho, concretando en el compromiso de algún candidato de concederles determinadas funciones públicas en caso de triunfos electorales. En cumplimiento de ello, avituallaron las sartenes de las candidaturas con mucho de su fortuna y trabajo para al final terminar burlados cuando los flamantes presidentes se entronaban en palacio y verlos se hizo más que imposible.

De modo que ese tipo de político dominicano se ha comportado, esencialmente, como un estafador.

Y si es un político que estafa a la gente de bien, a compañeros de partidos, amigos, simpatizantes y patrocinadores, robando su talento, dineros y trabajo, ¿qué no hará desde una posición de mando, investido con las prerrogativas e influencias de lo oficial?

La justicia independiente instalada por el presidente Abinader está dado muestras de avanzar contra una tradición tan hórrida. De haber iniciado una guerra que merece el apoyo de esa población que de ella espera elimine las pulgas de los bueyes políticos. Porque si el ácido del diablo puede matar, esa praxis política de estafa y delincuencia organizada desde los partidos y el gobierno es un ácido mucho más execrable, desgraciado y peor.

Apoyemos al gobierno de Abinader en esta lucha, vigilantes.

Reclamemos que mantenga sus anclajes éticos: para impedir que ocurra como en aquellos casos “escandalosos” que apenas sirvieron para lavar —desde la propia justicia— las fortunas robadas; para impedir que ocurra como en aquellos casos en que los miembros de la justicia sólo procuraron también echar una mordidita sobre el botín y manjar de los miles de millones de pesos robados al Estado dominicano y a la sociedad.

Para impedir que sólo sea un tema en la agenda de las comunicaciones “anti-crisis”.

Para impedir que seamos burlados, nueva vez.