Riesgo a la aporofobia

El sentimiento de rechazo o fobia hacia las personas pobres o desvalidas se conoce como aporofobia. Acuñado por la filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, como una forma de visibilizar el problema, convencida de que “lo que no se nombra no existe”, por lo que era necesario “inventar este neologismo que señala la discriminación universal a las personas sin recursos”.

Esta forma de discriminación no es nueva. El concepto de las clases sociales discrimina a los seres humanos según los recursos que tiene, la división económica en quintiles también hace lo mismo, pero siempre que se utilice la discriminación para encontrar soluciones tendentes a la inclusión, no hay que verlo como un problema.

La cuestión preocupante viene cuando la discriminación se convierte en exclusión, ese momento en el cual la capacidad de acumular recursos es directamente proporcional a las posibilidades de participar de la vida en sociedad, lo que constituye una acción en contra de la dignidad humana y la democracia.

Tal y como lo ha planteado la profesora Cortina, la aporofobia se ha convertido en una acción institucional en muchos de nuestros países, que constantemente generan políticas públicas que profundizan las desigualdades en lugar de cerrar las brechas existentes. En algunos casos, el trato discriminatorio se convierte en odio, porque se trata a las personas pobres como si fueran los culpables o responsables de las dificultades económicas y de los bajos indicadores sociales del colectivo.

Hablar de este tema es hablar de cohesión social, porque una actitud complaciente hacia la aporofobia supone la anulación de la compasión y la empatía entre los miembros de una sociedad. Se deja a un lado la necesaria solidaridad, sustancial para que nadie se quede atrás, y el pobre se convierte en una amenaza para la prosperidad de los que más tienen.

En el contexto que vivimos, con una pandemia y una crisis económica sin precedentes, corremos el riesgo de caer en el discurso que afirma que la pobreza no es el resultado de situaciones estructurales que deben ser abordadas de manera integral, si no que, por el contrario, la pobreza es responsabilidad exclusiva de quienes la padecen.

Corremos un gran peligro al abandonar la visión social del Estado y retomar a las ideas del Consenso de Washington del siglo pasado, cuando se pensaba que bastaba con generar desarrollo económico para que toda la sociedad mejorara su calidad de vida. El tiempo demostró que no era así. Y las crisis anteriores nos lo han recordado.

La Constitución dominicana garantiza un Estado Social y Democrático de Derecho, que comenzó a hacerse realidad con un verdadero sistema de protección social, incluyente y respetuoso de la dignidad de los seres humanos.

En un momento de fuerte aumento de las desigualdades, pensemos en el prójimo que está necesitado de una mano amiga, en lugar de sembrar más diferencias entre hijos de una misma patria. Hagamos como dice el libro del Eclesiastés, “por eso te doy este mandado: abrirás tu mano al pobre y al necesitado de la tierra”. Amén.