Castillo arrancó con el pie izquierdo

El nuevo presi­dente de Pe­rú, Pedro Cas­tillo merece crédito por prometer dedicarse a mejo­rar las condiciones de vida de los pueblos originarios de su país. Pero empezó mal: sus primeras medidas en el gobierno despiertan temores de que ahuyenta­rá a los inversores, genera­rá una estampida de capi­tales y —después de una fiesta populista— termina­rá creando más pobreza.

Castillo, de 51 años, quien era líder de un sindi­cato de maestros de extrema izquierda, asumió el cargo el 28 de julio tras de ganar las elecciones por un ínfimo 0.3% de los votos. Solo con­trola 37 escaños de las 130 bancas del Congreso.

Su minoría en el Congre­so había generado especu­laciones de que tendería puentes con la oposición, en lugar de apoyarse ex­clusivamente en su partido “Perú Libre”, que se autode­fine como marxista.

Sin embargo, en lugar de nombrar a un primer mi­nistro moderado que po­dría haberse entendido con la oposición, Castillo nom­bró a Guido Bellido, uno de los políticos más radicales de Perú Libre.

Bellido está bajo inves­tigación por rendir su “ho­menaje” a una integrante del grupo terrorista Sende­ro Luminoso en Facebook en 2017. El nuevo primer ministro también defendió la dictadura cubana tras la represión brutal del 11 de julio de miles de manifes­tantes pacíficos en la isla, afirmando en una entrevis­ta televisiva el 19 de julio que Cuba es un país “demo­crático”.

Asimismo, Castillo nom­bró a Héctor Béjar, un exlí­der guerrillero de 85 años, como su ministro de Relacio­nes Exteriores. Béjar es un admirador entusiasta de las dictaduras de Cuba y Vene­zuela.

Pero lo más preocupan­te de los primeros pasos de Castillo en la presidencia es su insistencia en convocar una Asamblea Constituyen­te para cambiar la Constitu­ción.

Eso es exactamente lo que hizo el difunto popu­lista autoritario venezolano Hugo Chávez inmediata­mente tras asumir el poder en 1999, y lo que hicieron los seguidores de Chávez en Bolivia, Ecuador y Ni­caragua. Con la excusa de cambiar la Constitución pa­ra combatir la corrupción y darle más derechos al pue­blo, asumieron poderes ab­solutos.

En su discurso de toma de posesión, Castillo dejó en claro que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es su primera prioridad polí­tica. Eso no es un buen augu­rio para Perú, por varias ra­zones.

Primero, refuerza los te­mores de que Castillo, a pe­sar de sus recientes afir­maciones de que “no soy chavista ni comunista”, está siguiendo el manual chavis­ta al pie de la letra. La posibi­lidad de que Castillo cambie la Constitución para permi­tir nacionalizaciones y estati­zaciónes frenará aún más las inversiones en un país cuya economía ya se contrajo un 11% el año pasado.

En segundo lugar, la su­gerencia de Castillo de que podría convocar un referén­dum para cambiar la Consti­tución pasando por encima del Congreso sería inconsti­tucional.

Según el artículo 206 de la Constitución peruana, “toda reforma constitucio­nal debe ser aprobada por el Congreso”. Castillo dice que presentará un proyecto de ley al Congreso para per­mitirle proceder, pero al mis­mo tiempo ha insinuado que cambiará la Constitución sin pasar por el Congreso si “el pueblo” se lo pide. “No puede hacer eso”, me dijo el expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, Enri­que Álvarez. “El artículo 206 de la Constitución es tajante: cualquier reforma constitu­cional tiene que ser aproba­da por el Congreso”.

En tercer lugar, y quizás lo más importante, creo que es un disparate total tratar de cambiar la Constitución y aumentar la polarización so­cial en momentos en que el país tiene la mayor tasa de mortandad de COVID-19 per capita del mundo. Cer­ca de 200,000 peruanos han muerto de COVID-19, en un país de solo 32 millones de personas.

¿Tiene sentido que Cas­tillo concentre las energías de su gobierno en cambiar la Constitución, en lugar de combatir la pandemia? Por supuesto no. Si hay un país en el mundo que debería concentrar todas sus fuerzas en combatir este virus, es Pe­rú.

Resumiendo, Castillo empezó con el pie izquier­do. Se ha dejado controlar totalmente por la izquier­da jurásica de su partido. Si el Congreso no lo fuerza a gobernar para todos, Perú —y Castillo— van ir cuesta abajo mucho más rápido de lo que muchos creían