Reflexión descarnada

Nunca imaginamos que en el pasado reciente la Procuraduría General de la Nación trabajara al servicio de la ilegalidad y al margen de garantizar la custodia de los bienes del patrimonio nacional, generados por el sacrificio de los contribuyentes que merecen el respeto de lo aportado y la salvaguarda de los bienes que servirán de base a los esfuerzos de las nuevas generaciones, por alcanzar una mejor calidad de vida.

Con pesar hemos percibido un entramado mafioso al servicio de la corrupción y el lavado de activos.

Resulta desgarrador descubrir una acción como esta, que ha sido el instrumento de indefensión a hombres y mujeres que han luchado hasta con sus vidas, por lograr sin privilegios un sistema de derecho.

Hablar de un déficit de 2,400 millones de pesos en el estamento gestor de la justicia como lo es el Ministerio Público es inadmisible, en manos de negociantes con los combustibles, las sobrevaluaciones y el alimento adulterado de los presidiarios, por demás, “seres humanos”, privilegiando sin licitaciones a delincuentes de cuello blanco.

La respuesta de nuestra sociedad es respaldar el valor de dos mujeres magistradas y un magistrado, que luchan contra la impunidad.