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AGENDA SOCIAL

Vacunación y protección social

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Margarita CedeñoSanto Domingo

Los programas de protección social en la Re­pública Domini­cana están sus­tentados en bases de datos robustas, con una cartogra­fía detallada que permite identificar con facilidad el lugar donde se encuentran las personas más vulnera­bles del país y cómo está conformado el hogar de esa persona.

Un simple cruce de la ba­se de datos de Progresan­do con Solidaridad con la base de datos de los vacu­nados hasta el momento, permitirá identificar cuá­les miembros de las fami­lias que reciben ayudas de la protección social no han acudido a los centros de vacunación, de manera que se puedan diseñar es­trategias de motivación y, por qué no, hasta de con­dicionamiento.

¿A qué nos referimos con un condicionamien­to? La evidencia demues­tra que los grupos vulnera­bles que forman parte de la protección social tienen mayores dificultades para obtener atención sanita­ria a tiempo, por ende, sus probabilidades son peores en el caso de resultar in­fectados por el coronavi­rus.

Es por eso por lo que es­tablecer una condiciona­lidad a la entrega de las ayudas sociales vincula­da a que los miembros de las familias que reciben el apoyo estatal tengan que presentar evidencias de su vacunación, constitu­ye una estrategia acorde con los objetivos de las po­líticas sociales, que tiene entre sus principales pro­pósitos la mejora de los in­dicadores de salud de los participantes en el progra­ma.

Habrá quiénes acudan al alegato de que la vacu­nación no puede ser obli­gatoria, pero en este caso no se trata de eso, se tra­ta de que la entrega de las ayudas sociales esté su­jeto a la vacunación, una condicionalidad parecida a otras que se han imple­mentado en los programas sociales, como el cum­plimiento de la asisten­cia escolar o los chequeos obligatorios para las em­barazadas. Los participan­tes del programa siempre tendrán el derecho a no vacunarse, lo que resulta­rá en que no recibirán las ayudas sociales hasta que lo hagan.

La medida es urgente e importante, porque vacu­nar a toda la población es una prioridad para todos, pero lamentablemente, se observa mucha resistencia a la vacuna, por mitos, teorías de conspiración y simple in­observancia de la importan­cia de este proceso, aunque todo el mundo reconoce que es la solución definitiva a la pandemia, la única for­ma de retornar a la normali­dad que vivíamos antes del Covid-19.

Implementar este tipo de medidas para las personas más pobres y vulnerables es, también, una estrategia de combate a la pobreza, por­que una catástrofe como el coronavirus en un hogar de escasos recursos, constituye una sentencia que condena a una familia a la pobreza per­petua. En consecuencia, la condicionalidad de las ayu­das sociales a la vacunación es una medida necesaria pa­ra contener la propagación del virus, condición necesaria para el retorno al crecimien­to económico y al desarrollo social.

Es una medida con visos innegables de humanidad, que no va en contra de nin­gún derecho fundamental, muy por el contrario, prote­gerá el derecho a la salud de los más vulnerables y de la población en general.

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