¿Quién pagará las cuentas?

Al igual que mu­chos países del mundo, la Re­pública Do­minicana está afrontando una severa crisis multidimensional en los ámbi­tos sanitario, económico, labo­ral y fiscal, que no puede dejar indiferente a nadie.

El desplome de la actividad económica del 6% en el 2020, propiciada por la irrupción del COVID-19, ha generado un enorme estrés a las cuentas pú­blicas, que ha tenido serias re­percusiones en las finanzas del Estado dominicano.

Al cierre del 2020, el déficit fiscal se ubicó en 7.7% del Pro­ducto Interno Bruto (PIB), ver­sus el presupuestado que era de 9.3 %, que en términos ab­solutos significa una reducción de 77 mil millones de pesos. Estos niveles no tienen prece­dentes en la República Domi­nicana.

El menor déficit fiscal se explica por el subejercicio del presupuesto del 2020, que le costó al país cerca de RD$1,400 millones de pesos por el pago de interese, debi­do a que, como se recordará, a partir de agosto, el gasto pú­blico se financió utilizando los empréstitos otorgados al go­bierno por los organismos in­ternacionales.

La caída de los ingresos del Estado en más de un punto del PIB, aunada a las ayudas socia­les entregadas por el gobierno a una parte de la población, y al sector productivo para ha­cerle frente a la crisis sanitaria, alcanzó en 2020 una cifra su­perior al 2% del PIB.

En una fase aún incierta del curso de la Pandemia del covid-19, continúa abierto el debate: ¿Es el momento pa­ra acordar un Pacto Fiscal que favorezca la salida de la cri­sis y permita retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo social? Recorde­mos que la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) señala la necesidad de consen­suar un Pacto Fiscal previo a la entrada en vigor de una refor­ma fiscal integral, que contri­buya a financiar el desarrollo y a garantizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Esta reforma fiscal integral debería sustentarse en criterios de progresividad y transparen­cia tributaria, y en el marco de una ley que permita fomentar políticas productivas y normas para garantizar su cumplimien­to. Debiera orientarse a mejo­rar la calidad del gasto público, incrementar la recaudación y a reducir la evasión y la elusión fiscal, así como el denomina­do gasto tributario que se asocia con los impuestos que el gobier­no deja de percibir, por un mon­to que ronda los RD$250,000 millones cada año, equivalente al 6% del PIB.

En la República Dominica­na se han aplicado diversas re­formas que se tradujeron en nuevos tributos, así como in­crementos de las tasas impo­sitivas. En 1992, se elimina­ron algunas exoneraciones e incentivos, en tanto que, en el 2005, se promulgó la Ley 557-05, con el propósito de incre­mentar la recaudación. Como se recordará, en 2007 se con­cedió amnistía fiscal a algu­nos contribuyentes median­te la Ley 183-07, y en 2011 se publicó la Ley 139-11, que in­cluyó un régimen simplifica­do para el pago del Impuesto a la Renta a los casinos con la finalidad de financiar el gasto en educación. Finalmente, en el 2012 se aprobó la Ley 253-12 que tuvo como objetivo au­mentar la presión tributaria y recaudar más ingresos.

La irrupción del COVID-19 propició el aumento del gas­to público, aunado a la baja presión tributaria -relación entre los ingresos recabados por impuestos y el Producto Interno Bruto (PIB)- que se ubica entre el 12 y 13%del PIB (en América Latina pro­media entre 18 y 21%), así como a la caída de los in­gresos corrientes durante los primeros nueve meses del 2020, por un monto de RD$48,716.2 millones.