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EN POCAS PALABRAS

Seguridad rural

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Juan Guiliani CurySanto Domingo

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) entidad que agrupa más de mil organizaciones que se dedican a las actividades agrícolas y pecuarias en toda la geografía nacional suscribió hace poco un acuerdo de colaboración con la Policia Nacional para combatir y erradicar las actividades delictivas que azotan e invaden campos rurales, fincas, cultivos, áreas turísticas, terrenos semiurbanos, robo de ganado y animales. Los firmantes del importante convenio de cooperación fueron Eric Rivero, presidente de Confenagro y Aproleche y el director (jefe) de la Policia Nacional, mayor general Edward Ramón Sánchez, en la Ciudad Ganadera. Con este acuerdo interinstitucional, se da un paso de suma trascendencia nacional que reclaman sectores propietarios de terrenos agrícolas rurales y semiurbanos, que vienen siendo secuestrados e invadidos por bandas de maleantes organizadas que operan en todo el territorio, ocasionando una situación de incertidumbre, inseguridad y peligro en sus legítimos dueños y propietarios de estas demarcaciones rurales, violándose impunemente la seguridad jurídica de la propiedad en todo el país. En los últimos tiempos, según el máximo dirigente de Confenagro, el robo de ganado se ha venido incrementándose en diversas zonas del territorio en perjuicio del hombre del campo que trabaja día y noche y cuyas propiedades son frutos de años de pertenencias familiar. La situación de las ocupaciones y robo también ha sido denunciada enérgicamente por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis) organización empresarial que ha venido pidiendo una revisión urgente del Código Penal para endurecer las penas contra invasores y bandas que portan armas blancas y de fuego ilegales en abierto desafió a las autoridades competentes. El jefe policial agradeció con entusiasmo el acercamiento de Confenagro y organizaciones aliadas a la Policía Nacional, reiterando el apoyo de los cuerpos de seguridad policial de erradicar estos ancestrales males que por años han afectado la tranquilidad y sosiego de propietarios de fincas rurales y terrenos en todo el ámbito nacional. El empleo legal de la fuerza pública es la vía de coerción para terminar este cáncer social.

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