Democracia en AL y EE.UU. (y3)
La vía electoral resultó eficaz, en principio, para alcanzar estas demandas, pues aquellos partidos de vanguardia consiguieron el poder e iniciaron procesos de reformas estructurales que respondían a las exigencias de participación en el pastel de las riquezas para toda la población con lo que se generaron consumidores, solo consumidores, que no ciudadanos, porque el intangible del compromiso moral dado por la formación integral del individuo no se cultivó desde el Estado. Y esto, evidentemente, marcó la fragilidad de la democracia en la región, y con ella la que la vuelve convulsa e incierta.
La pobreza material se combatió con crecimiento económico, sobre todo en los países donde los gobiernos progresistas, con un giro en el marco estructural del gasto público, puso la economía al servicio de los ciudadanos, dejando la vieja práctica de supremacía del mercado sobre el individuo: el gasto social comenzó a jugar un papel importante en los presupuestos, lo que, indudablemente impactó en la disminución de la pobreza y consecuentemente disparó el consumo, generando una dinámica de movimiento económico permanente.
Está completamente claro que para financiar los programas sociales e incluso las obras de infraestructuras que jugaron un papel importante en la dinamización de la economía, el alto precio de los commodities, en especial los del petróleo, y defensa de los recursos naturales, fueron claves; pues los contratos onerosos con transnacionales que, a modo de despojo, succionaban las riquezas de la región, fueron objeto, cuando no de nacionalizaciones, de modificaciones que, de algún modo devolvieron la soberanía a los Estado respecto a su riquezas. La fragilidad institucional, dada por la carencia de ciudadanos integrales en el sentido de los niveles de conciencia social que da la educación que genera a su vez el comportamiento cívico que armoniza a la sociedad, asociada a una comunidad de consumo atada a los vaivenes del comportamiento económico global, dejó abierto el espacio para la disrupción, para el retroceso político que comenzó a expresarse en el irrespeto a la voluntad popular que pulverizó la democracia electoral y con ésta a la económica y social. El desorden derivado del golpe parlamentario a Dilma Rousseff en Brasil volvió a alimentar a las favelas, a degradar el sistema judicial que no pudo ocultar sus acciones políticas; a detener, en sentido general, el ascenso del gigante del sur. Lo propio ocurrió con Paraguay, tras sacar del poder a Fernando Lugo; el retroceso institucional llegó hasta a la quema del Congreso y el desprestigio de esa entidad y el resto de las instituciones que, de alguna manera, actuaron en complicidad con los actores del golpe blando.
En Bolivia, luego de años creciendo económicamente en medio de la recostrucción de la sociedad que dio visibilidad y participación a los pueblos originarios que son el 55 por ciento de la población (28% es mestizo), el sabotaje electoral, seguido de un golpe de Estado apoyado por la OEA, rompió con la estabilidad democrática dada por las urnas y las instituciones del sistema convenidas en el contrato social.