Impuestos: no hay rechazo, sí demanda de justicia

El “rechazo” ciu­dadano a la propuesta de incluir algunos impuestos en la Ley de Presupuesto para el año 2021 para financiar el déficit fiscal previsto en tal período no es, en absoluto, negativa irracional a una ac­ción de este tipo por parte del gobierno del Presidente Luis Abinader y la vicepresi­denta Raquel Peña.

La mayoría de quienes en redes sociales, medios impresos, televisivos y ra­diales, más que manifes­tar oposición, solicitan que la balanza impositi­va incorpore el sentido de justicia que el gobier­no instalado hace 54 días está desplegando en los ámbitos anti-corrupción y otros.

Lejos de integrarse a esa oposición altamente des­acreditada, sacada del go­bierno, las gente desea un gobierno alineado a sus re­clamos y ver que se cum­plen las promesas electo­rales de #ElCambio.

Antes que oposición al gobierno del Partido Re­volucionario Moderno (PRM), lo apabullante y común en las opiniones es el consenso: financiar el déficit con la recupera­ción, vía justicia, de los re­cursos embolsillados por quienes se determine des­falcaron el gobierno del Estado durante las ges­tiones de los pasados 16 años. Otro reclamo uná­nime es eliminar —al me­nos durante el periodo de crisis causada por la pan­demia del Covid-19— los beneficios y sobresueldos de congresistas y ciertos funcionarios.

En esta demanda el PRM sale bien acreditado ya que varios congresistas y ediles de #ElCambio renuncia­ron, motu proprio, a tales beneficios laborales. Lo que invita a los demás a emular tal conducta, al menos du­rante la crisis sanitaria.

Se sabe, porque ha sido sobradamente cuantifica­do, que frente al déficit ge­neral consolidado del Go­bierno dominicano para el 2021 (RD$143,013.97 millones) esos beneficios congresales son insignifi­cantes, aunque política­mente han adquirido la fuerza simbólica de lo éti­co y equitativo.

Otros piden eliminar las exenciones concedidas en momentos de fomento in­dustrial necesario a favor de empresas que ya han devenido en iniciativas privadas rentables.

Salvo esas organizacio­nes privadas señaladas en el referido proyecto de ley y que durante la pandemia han visto crecer sus ope­raciones y rentabilidad, el tema empresarial es de­licado, debiéndose deter­minar a cuáles sectores ha afectado más la pandemia del Covid-19, para soco­rrerlas.

El gobierno está dicien­do que con una presión tributaria del 13.5%-14% no son posibles la gober­nabilidad ni la gobernan­za ante la crisis y el costo anual de una deuda igual al 16.4% del gasto presu­puestado. La propuesta es incrementar ese techo has­ta el 18%-19%, para que la crisis sea superada y el crecimiento económico con desarrollo real prome­tido, articulado.

Invitamos a observar el ob­jetivo de la propuesta: man­tener o mejorar la estabilidad macroeconómica.La gente debe saber que, ante cómo resolver la crisis, el país es­tá en un dilema sin solución graciosa: con impuestos o sin ellos, continuará afec­tando económicamente a todos, por dos razones.

Primero: si se aprueban, aumentarán de precio algu­nos bienes y servicios con­sumidos por ricos, clases medias y empleados de ni­vel medio y superior que realizan transacciones en moneda extranjera.

Segundo: si no se aprueban, el dólar enca­recerá, el país caerá en falta ante organismos crediticios, los servicios públicos reducirán y se devaluará más el peso, afectando a todos, más gravemente y por igual.

Hora de ser flexibles y creativos.