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Puntos de vista miércoles, 30 de septiembre de 2020

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Contratos

  • Contratos
Wanda Méndez

Mediante una acción de ampa­ro, fue impugnado un con­trato de arrendamiento de una franja costeromarina que suscribió la junta distrital de Cabarete con varias empresas, alegando vul­neración de los derechos colectivos y difusos, la protección del medio ambiente y los recursos naturales. El amparo fue declarado inadmisi­ble. El fallo fue recurrido ante el Tribunal Cons­titucional, que rechazó el recurso y confirmó la sentencia. Al reiterar el precedente sobre la materia, el TC decidió:

“En definitiva, el presente caso, al versar el conflicto sobre una reclamación de nulidad de un contrato administrativo, conforme a los pre­cedentes de este tribunal y a la normativa apli­cable, la vía efectiva para su solución es el re­curso contencioso administrativo, en este caso, interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo, por lo que, habiendo decidi­do el juez de la acción de amparo conforme al precedente de este tribunal, procedemos a rechazar el recurso y a confirmar la sentencia recurrida”. (TC-214-20).