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Puntos de vista miércoles, 30 de septiembre de 2020

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

El Ministerio de Viviendas

  • El Ministerio de Viviendas
Félix Bautista
@felixrbautista

 Los derechos fundamenta­les han recibi­do una clasifi­cación histórica que los autores han deno­minado “derechos de pri­mera, segunda y tercera generación”. Algunos pen­sadores como el jurista ale­mán Robert Alexy, enmarca el derecho a la vivienda co­mo un derecho de tercera generación, por encontrar­se en el catálogo de dere­chos económicos y sociales. Otros, como el sociólogo británico Thomas Hum­phrey Marshall, lo ubican en la segunda generación de derechos. No hay una posición absoluta, sobre la ubicación histórica del de­recho a la vivienda. En lo que sí se está de acuerdo es que la vivienda representa paz, tranquilidad, armonía, progreso, seguridad y cer­tidumbre para una familia. La vivienda influye de ma­nera directa en los indica­dores de igualdad social.

La Constitución Domi­nicana, dedica dentro de la sección de los derechos económicos y sociales, un espacio relacionado con el derecho a la vivienda, in­dicando que “Toda perso­na tiene derecho a una vi­vienda digna con servicios ba´sicos esenciales. El Esta­do debe fijar las condicio­nes necesarias para hacer efectivo este derecho y pro­mover planes de viviendas y asentamientos humanos de intere´s social. El acce­so legal a la propiedad in­mobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las poli´ticas pu´blicas de promocio´n de vivienda.”.

Estos mismos postulados lo establece la Declaración Universal de los Derecho Humanos en su artículo 25; la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de De­sarrollo 2030 en su artícu­lo 8; el Código Civil Domi­nicano, en su artículo 215; la Ley No. 472-68 que Crea el Instituto Nacional de la Vivienda; la Ley 339-68 so­bre el Bien de Familia, en­tre otras.

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), en sus líneas de acción des­taca y describe de manera específica la necesidad de crear las condiciones lega­les e institucionales para el ahorro habitacional pro­gramado; el uso de recur­sos de los fondos de pen­siones para la construcción de proyectos de viviendas; facilitar a instituciones sin fines de lucro micro finan­ciamiento para el mejora­miento de viviendas a fa­milias de bajos ingresos; proveer financiamientos al sector privado para la construcción de viviendas de bajo costo; auspiciar programas para la urbani­zación de terrenos estata­les, con la participación de las PYMES de la Construc­ción, para ser utilizados en la construcción de vivien­das urbanas y rurales; y crear las condiciones finan­cieras para que grupos vul­nerables y adultos mayores puedan acceder a viviendas de bajo costo.

Todo lo anterior podrá lograrse si se aprueba un nuevo marco regulatorio para el sector viviendas. Una normativa que haga posible: agilizar los proce­sos administrativos para la construcción de vivien­das y el acceso a la titula­ción de las propiedades in­mobiliarias; que permita fortalecer los derechos de inquilinos y propietarios, para que los constructores puedan invertir de forma segura en proyectos habi­tacionales para alquiler; lograr las sinergias nece­sarias entre el sector públi­co y privado, para reducir el déficit habitacional, ga­rantizando siempre que las viviendas sean seguras, dignas y ambientalmente sostenibles.

El déficit habitacional en la República Dominicana es alarmante. Un estudio realizado en el año 2017 por la Asociación de Cons­tructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), señala que el déficit de vi­viendas está por encima de 1 millón 314 mil unidades solo en siete provincias de país (Provincia Santo Do­mingo, Distrito Nacional, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Duarte y La Altagra­cia). Este dato revelador y dramático indica la necesi­dad de establecer políticas de viviendas que permitan reducir esta demanda y ga­rantizar viviendas dignas, a precios accesibles a la po­blación.

Se hace necesario y ur­gente que el Congreso na­cional apruebe una ley que permita la creación del Mi­nisterio de Viviendas, con la finalidad de darle cum­plimiento al mandato constitucional, a la Ley de Estrategia Nacional de De­sarrollo y a los Convenios internacionales, de los cua­les el país es signatario.


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