Ni un peso menos

Es innegable el avance de la mu­jer en el ejercicio de sus derechos civiles, económi­cos y políticos, que han sido el resultado de innumerables luchas en el transcurso del si­glo pasado y este. Sin embar­go, entre las batallas pendien­tes, hay una cuya solución es absurdamente sencilla y con la que toda la sociedad domi­nicana está de acuerdo, que es la eliminación de toda ma­nifestación de discriminación salarial por género.

¿De qué manera se justifica que, si un hombre gana 100 pesos, la mujer gane 83 pesos por el mismo trabajo y con las mismas capacidades? ¿Cómo le explicamos a toda una ge­neración de mujeres formán­dose en las aulas de universi­dades, que cuando salgan al mercado laboral les toca ga­nar menos que los hombres por su condición de género?

Desde hace décadas, en la medida en que la fuerza labo­ral femenina ha ido aumen­tando, ha quedado demos­trado que las mujeres somos un pilar de la economía, pero a pesar de ello, no se nos re­conoce de manera justa por nuestra productividad ni por nuestras capacidades.

A esta discriminación sala­rial por género hay que sumar el hecho de que somos las que llevamos el rol de cuida­doras del hogar, un “empleo” que no es pagado y que forma parte de la economía de cui­dados y que, a la vez, obliga a las mujeres a esforzarse por encontrar un equilibrio entre el rol profesional y el rol ho­gareño. A nivel internacional ya se están tomando medidas para enfrentar la realidad de la brecha salarial por género. Hay empresas que ya están realizando auditorías de bre­cha salarial e implementando normas de igualdad de géne­ro que certifiquen que exista igual trato a las mujeres para acabar con la discriminación. En nuestro país, el Ministe­rio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han implemen­tado un sello de igualdad de género que contempla como una de las metas, asegurar que no exista una brecha sala­rial por género.

Pero urge convertir esto en un mandato legal, para que el Ministerio de Trabajo pue­da hacer cumplir a las empre­sas las medidas de igualdad salarial por género y, a la vez, permita a las mujeres afecta­das que puedan acceder al sis­tema de justicia en caso de ser necesario, reclamando los da­ños y perjuicios que esta reali­dad genera.

Si no corregimos esta si­tuación ahora, arrastraremos por generaciones una rea­lidad injusta, que se refleja­rá por igual en el sistema de pensiones, porque si las muje­res ya ganan menos por igual trabajo, es evidente que tam­bién contribuyen menos al sistema de la seguridad social, una realidad que traerá con­secuencias en el futuro próxi­mo. La brecha salarial es una de las barreras que impiden la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De­bemos derribarla por comple­to, para evitar a las mujeres la frustración que resulta de te­ner las mismas capacidades que los hombres, pero ser re­tribuidas injustamente.

John Stuart-Mill escribió una vez que “de la misma ma­nera que nacer negro en vez de blanco, o plebeyo en vez de noble, no debe determinar las posibilidades de una per­sona en su vida, tampoco de­be hacerlo nacer niño, en vez de niña”. Hagamos todos el compromiso para superar la brecha salarial por género. Ni un peso menos.