Terrorismo político

Debido a la crisis del coronavirus, la República Do­minicana ha esta­do sometida a un conjunto de medidas que limitan el ejercicio pleno de los derechos que ostentan los ciudadanos. Por primera vez en nuestra historia, al igual que otros países, hemos aceptado de buena gana las li­mitantes a la libertad de tránsito, conscientes de que solo así podre­mos asegurar la salud hacia el fu­turo.

La legalidad de estas medi­das se sustentan en el Estado de Emergencia aprobado por el Con­greso Nacional, en el marco de la Constitución y las leyes, pero la le­gitimidad de las mismas solo pue­de emanar de la calidad moral de las autoridades que la aplican, porque es la única garantía de que la represión no se haga necesaria para cumplir las medidas adopta­das.

No es casualidad que los paí­ses que han sido más exitosos en el combate al coronavirus, tienen en común altos niveles de confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, ya sean locales o nacionales. El lideraz­go de cada demarcación tiene la responsabilidad de guiar a sus municípes teniendo como pun­to de partida las recomendacio­nes que emanan de los expertos y el respeto a la legalidad, por­que sólo la suma de las volun­tades y el grado de civismo nos permitirán salir pronto de esta situación.

En ese contexto, es lamen­table que ciertos elementos quieran imponer una especie de terrorismo político, aprove­chándose de forma casi crimi­nal de las necesidades de algu­nas personas y pongan en riesgo los avances para contener esta pandemia, así como el desarro­llo social y económico que tanto esfuerzo han costado a los acto­res de la sociedad.

Así concebido, el terrorismo puede ser practicado por diversos actores políticos, individuales o colectivos. Más aún, en una situa­ción como la actual, en la que los Gobiernos dependen tanto de su credibilidad para poder ejercer su función de garantes de la salubri­dad y la vida de millones de ciuda­danos, cualquier atentado contra la legitimidad por parte de los ac­tores políticos en el ejercicio de las funciones públicas, así cómo de los actores sociales, es un atenta­do flagrante contra la estabilidad misma del país.

No se pueden permitir ac­ciones que busquen instalar un sentimiento de caos en la ciuda­danía, porque es difícil apelar a la unidad del pueblo, al cumpli­miento de medidas que son di­fíciles para todos, si al mismo tiempo, se generan caldos de cultivo para la desobediencia en algunas comunidades.

El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo. No ha buscado excusas para no cumplir con su responsa­bilidad, por el contrario, ha com­prendido el peligro inminente pa­ra la salud de la población y la vida de todos y todas y ha tomado las acciones más apropiadas y que demandan las circunstancias. No se le ha quitado importancia a los hechos ni se ha dejado de recono­cer errores cuando se han cometi­do; como gobernantes hemos he­cho autocrítica y siempre hemos puesto sobre la mesa la transpa­rencia de nuestros actos.

Pero de ahí a aceptar la male­dicencia, el engaño, la alevosia e ignorancia de otros actores del es­pectro político, que ponen sus ob­jetivos electorales por encima de las necesidades de las personas, raya en la más cruenta irrespon­sabilidad y barbaridad política. Hay personas que creen que las instituciones de la democracia se gestionan desde la ignorancia de los demás, pero debemos negar­nos a esa concepción del favor del pueblo.

Los líderes no pueden ante­poner sus intereses a los colec­tivo de la población, de toda la sociedad, ni mucho menos es­cudarse en la mediocridad para manipular a los ciudadanos. No hay duda de que las urnas casti­garán esas actitudes.