¡Primero la patria!
El desenlace final de lo ocurrido el pasado domingo, cuando la Junta Central Electoral (JCE) decidió suspender las elecciones municipales, todavía sigue siendo incierto. Necesitamos tiempo incluso para asimilar este hecho sin precedentes en la historia político-electoral de la República Dominicana.
Luego de ese día, y como era de esperarse partiendo de la gravedad de este evento, sectores políticos y de la sociedad civil han emitido diversos juicios de valor. Y no han faltado aquellas voces expertas en crear teorías conspirativas, sin aportar elementos que sustenten sus señalamientos o acusaciones.
En este contexto, igual se han expresado otros que entienden que el momento requiere de templanza y sapiencia en la toma de decisiones. En esta última mirada se inscribe mi posición sobre todo esto que ha pasado.
No por menos, en mi última entrega de esta columna pedía que se respete la institucionalidad de la JCE. Especialmente, hice hincapié en que no se jugara al descrédito público de su presidente, el doctor Julio César Castaños Guzmán.
He escuchado gente que de manera alegre (y como si escondieran malas intenciones en su derecho a opinar) han hecho odiosas comparaciones con naciones donde prevalece un estado de caos e irrespeto al orden institucional.
Lo que pasó el domingo no puede ser visto como referente del desbarajuste generalizado que padecen otros países, ni muchos menos como punto de partida para proyectar una situación inmanejable.
Sin embargo, aquellos que todavía insisten en culpar a la JCE y pedir la cabeza de sus integrantes, deben ahora poner en alto sus discursos recurrentes en que resaltan el amor a la patria y su vocación de servicio a los mejores intereses de nuestra nación.
Es hora de aportar soluciones, de ser útil con planteamientos edificantes, en medio de un ambiente atizado por los agitadores de siempre. Hablo de aquellos ciudadanos que apuñalan con palabras, acciones y omisiones el interés ampliamente compartido de construir un país donde se imponga la obediencia a las leyes y a las disposiciones constitucionales.
La JCE ha admitido la responsabilidad de la suspensión de esas elecciones, y Castaños Guzmán ha dado garantías de que el proceso se realizará con el consenso de todas las fuerzas políticas, las mismas que estuvieron de acuerdo con que el organismo comicial adoptara la polémica decisión.
La paz social, la institucionalidad democrática y el sagrado respeto a nuestra Constitución no deben ser puestos en juego, por nada ni por nadie. República Dominicana saldrá airosa de esta crisis, en el nombre de Dios y de la buena voluntad de este pueblo valeroso y trabajador.