Tiene que haber…

La Junta Central Electoral (JCE) tiene la obligación de dar una explicación al país de lo acontecido en las suspendidas elecciones del pasado domingo. Un profundo informe que esclarezca el por qué o el por quien colapsó el voto automatizado, con sus debidas consecuencias, administrativas o penales, caiga quien caiga y sea quien sea.

Lo importante ahora es que, y como condición obligatoria, antes del 15 de marzo, nueva fecha establecida, se determinen las causas y los potenciales causantes del fiasco. Que se sepa si lo acaecido fue el resultado de una negligencia gerencial de protocolos técnicos o si hubo manos saboteadoras en el certamen.

Respuestas a preguntas como: A quién beneficia el hecho; quien saca provecho mediático o político de la crisis; a quien podía favorecerle el caos para que no le contaran los votos, o quien puede tener formación, información o posibilidad de accesos e infiltración a los sistemas de la JCE, resultan fundamentales en el proceso investigativo.

La confianza de la JCE se ha erosionado bastante y toca al liderazgo político actuar con la madurez que requieren las circunstancias para buscar y garantizar soluciones de consenso que nos lleven a superar la prueba.

Si se hizo bien en suspender totalmente los comicios por los 18 municipios donde fracasó el sistema, o si se debió permitir el sufragio en los 140 restantes bajo la modalidad del voto manual, no significaba gran cosa, porque, de cualquier manera y en mayor o menor escala, como quiera se iba a desatar una crisis. Pero, de que debe haber sanciones por este lamentable hecho, se hace imperativo.