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Puntos de vista viernes, 24 de enero de 2020

COLABORACIÓN

Cada cosa en su lugar

ERICK DORREJO
@erickdorrejo

 El suelo de la República Dominicana se encuentra actualmente bajo presión ante los conflictos e intereses que se presentan constantemente por el control y ocupación del territorio, muchas veces en detrimento de la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las presentes y futuras generaciones.

A pesar de que estos procesos se generan continuamente por todo el territorio nacional, las alertas retumban cuando los conflictos ponen en riesgo a la población o los mismos han provocado pérdidas no reparables; solo recordar en el año que recién finaliza las ocupaciones de asentamientos humanos ilegales próximos a ríos y zonas de riesgo, el impacto provocado por edificaciones industriales a lo interno de la ciudad consolidada, la urbanización de los suelos de alta vocación agrícola, el uso ilegal de las áreas protegidas, la explotación indiscriminada de zonas de vocación natural o la sustitución de la superficie boscosa por otros usos, por mencionar algunos ejemplos.

Ante este escenario se requiere implementar acciones urgentes que garanticen el ordenamiento integral de todo el territorio con el fin de colocar cada cosa en su lugar; acciones que van desde la aprobación de los marcos legales pendientes entre los que se encuentran las propuestas de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, la reforma de la administración local y el marco legal de regiones únicas de planificación el cual se encuentra entre los compromisos asumidos por el Estado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, hasta el diseño e implementación de los planes de ordenamiento territorial que permitan definir la estrategia para el uso del suelo en cada rincón del país y al mismo tiempo aprobar las reglas para todos los actores que intervienen en el territorio.

En la actualidad solo tres (3) de ciento cincuenta y ocho (158) ayuntamientos tienen sus planes de ordenamiento territorial aprobados, los cuales ocupan una superficie de 1.48% del territorio nacional, lo cual evidencia que la mayor parte de la superficie del suelo (98.52%) se encuentra gestionado discrecionalmente; aunque a nivel nacional el país cuenta con un 25.05% del territorio nacional que corresponde al Sistema Nacional de Áreas Protegidas la ausencia de esta regulación municipal debilita la gestión cercana y continua del territorio que corresponde a cada demarcación político-administrativa.

La implementación de estas acciones también contribuye en la consolidación de la seguridad alimentaria establecida como meta por el gobierno dominicano para el presente año, ya que es necesario proteger la producción de los suelos de vocación agropecuaria los cuales corresponden al 50.18% del territorio nacional según el estudio de Uso y Cobertura del suelo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Poner cada cosa en su lugar es una tarea pendiente de todos los sectores de la sociedad que requiere ser afrontada con responsabilidad para impulsar el desarrollo de toda la nación y elevar la calidad de vida de toda su gente.