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Puntos de vista miércoles, 08 de enero de 2020

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Cooperativismo y desarrollo

  • Cooperativismo y desarrollo
FÉLIX BAUTISTA

En la década de los 40, se crearon en República Dominicana los primeros clubes de ahorro, promovidos por sacerdotes católicos canadienses, conocidos como los padres Scarboro. Estos clubes se transformaron en asociaciones cooperativas como instituciones sin fines de lucro, bajo el amparo de la Ley No. 520 del año 1920. La incidencia social de la iglesia católica, impulsó este modelo asociativo de manera exponencial, ya que en casi todas las iglesias católicas que se establecían funcionaba una cooperativa. De ahí que fue necesario designar expertos canadienses para que educaran a los asociados en materia de cooperativismo. De hecho, en 1963 la Ley No. 28-63, consignó la obligatoriedad de la enseñanza del cooperativismo. En esta primera etapa se formaron las primeras 11 cooperativas en Santo Domingo y Santiago. Tal es el caso de las Cooperativas San José, La Altagracia, entre otras. Esto dio origen a la creación de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedecoop).

El auge del cooperativismo se extendió hasta 1959, cuando la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo disolvió a Fedecoop, debido entre otras razones a la prohibición constitucional del derecho de asociación. Desaparecida la dictadura, renace el cooperativismo y resurge Fedecoop. Este renacimiento fue acompañado de nuevas normas para el desarrollo pleno de esta modalidad asociativa. En 1963, se aprobó la Ley No. 31, que creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y en 1964 se aprobó la Ley No. 4227 sobre Asociaciones Cooperativas Escolares y su reglamento de aplicación fue aprobado 22 años más tarde, en 1986.

La Ley No. 127 de 1964, vigente, define estas entidades, sus características, su ámbito de actuación y establece su clasificación. En este sentido, de acuerdo a su finalidad, existen cooperativas de consumo, agropecuarias, de producción y trabajo, de vivienda, de ahorro y crédito, de seguro y salud, juveniles y escolares, de participación estatal y de servicios públicos.

El estudio titulado “Impacto socioeconómico del cooperativismo en la República Dominicana”, publicado en 2019 por el destacado intelectual español Jesús Ortega, revela que en el país existen 1,043 cooperativas, de las cuales 156 son de ahorro y crédito; 260 de ahorro, crédito y servicios múltiples; 263 de productos, trabajo, consumo, entre otras. Cifras del IDECOOP arrojan que los activos de estas asociaciones cooperativas en su conjunto, superan los 239 mil millones de pesos y generan 500 mil empleos directos e indirectos, lo que representa más del 13% del total de los empleos en el país.

La Organización Internación del Trabajo (OIT) ha establecido que las cooperativas juegan un papel relevante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas (ODS), indicando que “en Etiopía 800 mil personas generan sus ingresos en el sector agrícola con el apoyo del sector cooperativo; en Egipto 4 millones de agricultores reciben sus ingresos a través de las cooperativas de comercialización y aseguran los medios de producción y subsistencia de cerca de la mitad de la población mundial. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen ingresos colectivos de 1.6 billones de dólares, comparable con el PIB de España”.

En organismo internacional especifica que a nivel mundial las cooperativas reúnen a “más de 1000 millones de socios, generando 100 millones de empleos. Solo los bancos cooperativos europeos emplean más de 700 mil personas; en Eslovaquia más de 75 mil; en Francia más de 700 mil y en Kenia 250 mil”.

La OIT, señala que “las cooperativas reducen la pobreza, facilitan el acceso al capital económico, ayudan a los productores para cultivar la tierra y criar el ganado y los ayuda a procesar, transportar y comercializar sus productos”.

Sin dudas, las cooperativas estimulan la participación de los ciudadanos en el desarrollo económico; promueven la autoayuda; incentivan el ahorro; facilitan el acceso al crédito; generan empleos; reducen la emigración; fortalecen la sostenibilidad ambiental; contribuyen con la cohesión social y facilitan que muchas familias salgan de la pobreza y mejoren su calidad de vida. Son verdaderos agentes del desarrollo.