Temas cruciales quedarán pendientes en último año del presidente Medina

El día que el presidente Danilo Medina se juramentó para su primer período de gobierno, el 16 de agosto de 2012, planteó al país la concertación de un Gran Pacto Social. Lo sustentó, a su vez, en por lo menos tres pactos específicos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo: Fiscal, Educativo y Eléctrico.

Medina citó en primer término un Pacto Fiscal, porque sin un sistema tributario justo, transparente y sostenible la República Dominicana no podía alcanzar planes de desarrollo y justicia social. Una exposición reveladora.

Hoy cuando falta casi siete meses para concluir el segundo mandato consecutivo del presidente Medina, el Palacio Nacional no ha podido avanzar en el sentido de lograr un Pacto Fiscal, conforme a las directrices de la Ley 1-12, del 25 de enero de 2012, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Se creyó que ese paso sería posible cuando el Poder Ejecutivo promulgó en noviembre de 2012 la Ley 253-12 de Reforma Fiscal y de inmediato anunció el sometimiento al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía Fiscal. Pero todo quedó ahí, prevaleciendo el interés político-partidista.

Nadie escuchó después las advertencias sobre los daños que haría al país esta posposición. Que no era posible seguir engrosando la deuda pública, obviar la calidad del gasto en el Estado, evasión fiscal y el impacto negativo de un presupuesto general deficitario años tras años.

No importó que intervinieran los hombres de empresas, los industriales, economistas, el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros sectores calificados.

En contraposición, ya el 30 de mayo de 2014, cuando empezaba a montarse la reelección presidencial, el Gobierno, tras una reunión de evaluación económica encabezada por el presidente Medina, dio señales claras de la idea que primaría en las altas esferas.

Por eso cuando comenzó la presión, el Gobierno descartó que estuvieran discutiendo una eventual reforma tributaria y que lo que tenía en carpeta para el 2015 era el Pacto Fiscal, que tendría efectos en otros gobiernos más allá de 2016.

Esto tampoco se materializaría por el costo político al arrullo de la campaña electoral de ese año.

Por eso a nadie extrañó que una vez triunfara la reelección presidencial el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, volviera a expresar que el Pacto Fiscal era un clamor nacional, pero un año después lo condicionaría a que antes el gobierno debía eficientizar el cobro de impuestos.

Ahora que estamos otra vez en un año electoral y que el gobierno, tras la imposibilidad de una nueva repostulación de Medina, ha cifrado todas sus energías en el candidato presidencial y los demás aspirantes del dividido Partido de la Liberación Dominicana (PLD), nadie en su sano juicio escuchará los políticos hablar de presión tributaria.

O sea, que el nuevo presidente que se juramente el 16 de agosto tendrá que amarrarse los cinturones, para propiciar un ambiente favorable y aprobar un Pacto Fiscal integral, deponiendo los intereses personales y costo político, por el bien administrativo del país.

El otro pacto planteado por el presidente Medina en su discurso de juramentación en 2012 fue el Eléctrico, que fracasó después de amplias negociaciones y de haber sido declarado este sector por el mandatario como de “alta y estratégica prioridad para el desarrollo económico nacional”.

El tercer pacto, el Educativo, es el único que se ha aplicado en lo que tiene que ver con la asignación de un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2013, a la construcción de nuevas escuelas, aumento horas-clases y desayuno escolar. No obstante, el nivel de calidad de la educación continúa obteniendo resultados poco prometedores.

Ante un panorama así, lo menos que el pueblo dominicano esperaría escuchar tras instalarse las nuevas autoridades, es la emblemática expresión: ¡Sálvese quien pueda!