JCE y el orden social

En el país hay amplios sectores con deseos acumulados de cambios y de mejoría de las cosas en distintos órdenes. Y es lógico suponer que, desaparecidas las acciones golpistas de la derecha y las inmolaciones de las izquierdas en nuestras montañas, la conquista del poder político hay que procurarla por vías democráticas, a través de las urnas. Claro que a partidos y a votantes el órgano electoral debe garantizarles un proceso transparente y un sistema de conteo efectivo, que no tuerza la voluntad del sufragante ni altere el resultado final del torneo. Porque a pesar a los avances logrados a partir de la desaparición de la dictadura trujillista y del duro período de doce años de las gestiones de Balaguer, todavía arrastramos una gran debilidad en materia institucional y los lastres de una vieja cultura de fraudes electorales. Aun con reformas y nuevos jueces, las malas prácticas encuentran manos largas para hacer de las suyas. De ahí, de esas experiencias traumáticas en el tiempo, las dudas y la pérdida de confianza. De modo recurrente - y sin importar el partido ni el color que use el mismo-, solo hay que estar en el gobierno y tener el control del poder, para que el equipo que lo ejerza se quiera perpetuar y haga uso (y abuso) de recursos públicos buscando seguir; muchas veces sin reparar un ápice en que violan leyes, cometen delitos electorales, atentan contra la equidad, y hasta se apartan de la más elemental prudencia que debe rodear todo proceso democrático. Queremos democracia, pero sin actuar -ni comportarnos- como demócratas ni garantes de la institucionalidad. Creemos siempre que el poder lo puede todo o que desde el mismo todo se puede. Y en verdad, es porque tenemos problemas con los límites y las consecuencias frente a los desbordamientos. Además, porque con frecuencia el que gobierna encuentra en el camino cómplices, “complacientes” o amanuenses que le tienden alfombras (¿). No todos los actores públicos cargan pesado y actúan con firme responsabilidad, rechazando la tesis autoritaria de que “el poder no se desafía”. Sí, se puede y se debe, cuando se tiene el valor y la entrega para reconocer que la verdad, la razón y la ley están primero, y que no entran en juego. En todo proceso, el árbitro no solo debe ser responsable y serio, sino también parecerlo. Entonces, debe evitar toda decisión o empleo de sistema que, por dudas y sospechas, afecten su imagen y que, por los daños y disgustos provocados, lleven a alterar la paz y a quebrar el orden social.