Las tierras del Estado

Con el mismo descubrimiento de la isla, “nació” un latifundismo que creció como la espuma por la apetencia de políticos, abogados, gobernantes y amanuences, dictadores, militares, poderosos económicos, que tomaron para sí las tierras que querían.

La promulgación de las leyes agrarias, tras la caída de la dictadura de Trujillo, proclamaba el propósito de recuperar las tierras del Estado de las garras de particulares para ponerlas en manos de agricultores, de gente que explotara y pusiera a producir la tierra.

La realidad es otra. Hoy, políticos, abogados, “invasores” profesionales, conforman verdaderas bandas de delincuentes que negocian con la pobreza y hasta la ignorancia de mucha gente que no tiene nada. Grupos que violentan todas las leyes, con complicidad de jueces y autoridades que usan la violencia cotidiana para seguir robándose la tierra.

Bienes Nacionales -apoyado por las acciones de la Comisión de titulación de tierras del Estado, del Instituto Agrario- ha logrado entregar títulos definitivos a más de 60 mil personas que ocupan propiedades del Estado y la meta es unos 100 mil antes de fin de este año. Esto es insuficiente, lo reconocemos, pero es un avance. Un no cruzarse de brazos.

El caso de los campesinos de El Seibo no es más que otro de esos episodios que se registran cotidianamente por toda la geografía nacional. Son miles las familias en situaciones similares. Lograr una solución a sus reclamos, sin embargo, no puede ser sobre la violencia de la autoridad, pero tampoco de la provocación de infiltrados profesionales.