Apuntes de una estrategia integracionista (III)

Uno de los aspectos cruciales de la misión lanzada en el 2014 a raíz de la crisis suscitada por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) sobre el estatus migratorio de nacionales haitianos en territorio dominicano, fue mitigar los efectos adversos en la opinión pública internacional de los alcances de dicho texto. El Poder Ejecutivo integró una misión especial de contactos y negociaciones con sectores políticos de la región del Caribe, que incluyó además apoyo de Cuba y Venezuela, naciones con excelentes relaciones con países claves del entorno caribeño. Entre esas críticas a la decisión soberana del Tribunal Constitucional estuvieron el bloque de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que se vio compelido a apoyar las denuncias de Puerto Príncipe a la controvertida Resolución. La decisión constitucional era desvinculante a la política de la administración del presidente Danilo Medina en materia de política exterior y migratoria. Sin embargo, el gobierno se vio en la obligación de defender las ofensas que se formulaban contra la soberanía del país de dictar sus propias leyes y reglamentos en materia migratoria. La misión oficial estuvo a cargo del ministro sin Cartera para Asuntos de Integración Regional Migue Mejía, y la misma buscaba procurar acciones de buena voluntad para contrarrestar la avalancha de desinformación sobre la nueva política migratoria. El plan diplomático incluía negociaciones hacia una “alianza estratégica” con Holanda y las Antillas Holandesas, integradas por Aruba, Curazao y San Martin y los territorios de Bonaire, Saba y San Eustaquio. La misión contó además con el viceministro de Industria y Comercio Marcelo Puello, Antonio Vargas Hernández y Lidia Encarnación de la Digecoom. El 29 de agosto, 2016, el canciller Miguel Vargas, rubricó junto a la embajadora del Reino de los Países Bajos, Marijke van Drunen, la alianza estratégica entre nuestro país y dicho Reino.