Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un tema vital para el desarrollo de una nación. No hay desarrollo económico y social donde prevalece la inseguridad. Se manejan dos posiciones para enfrentar la inseguridad: “mano dura” o implementar políticas públicas coherentes para afrontar las “causas estructurales del delito”. Estas dos modalidades de combatir la inseguridad ciudadana, son analizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe “Mejor gasto para mejores vidas” de 2018. Se trata de un análisis detallado sobre el crimen y la delincuencia, que considera la aplicación de la fuerza o identificar y combatir las causas originarias de la criminalidad. En ese contexto, el BID explica que el primer método -mano dura-, implica policías y militares implacables contra el crimen; condenas más largas expresadas en el ordenamiento jurídico y llevar a la cárcel a un mayor número de infractores. Esta teoría sostiene que, a mayor represión y castigo, menores serán los delitos. Este modelo se fundamenta en una visión punitiva del delito.

La otra postura es aquella que se inscribe dentro del modelo de políticas públicas que persiguen enfrentar las causas que de acuerdo al indicado informe del BID “generan la delincuencia y la violencia”. Enfrentarlas implica reducir a su mínima expresión la deserción escolar, el desempleo en los jóvenes, la desintegración de la familia, las precariedades en la que viven sectores importantes de las zonas urbanas, entre otras.

Un tercer modelo, es “smart-on-crime” o “inteligencia contra el crimen”, originario del mundo anglosajón, el cual considera necesario combinar los elementos preventivos y punitivos, cuya efectividad hayan sido científicamente comprobada.

Latinoamérica debe asumir la lucha contra el crimen como una prioridad impostergable. Algunos datos son reveladores: con un 9% de la población mundial, (657 millones de habitantes), es la región más violenta en el mundo, con 24 mil homicidios por cada 100 mil habitantes (33% de los homicidios mundiales). Esto significa que cerca de 140 mil personas mueren cada año por actos de violencia.

De las 50 ciudades más violentas en todo el mundo, el 86% (43 ciudades), están en la región. De todos los actos de violencia, el 63% se concentran en Brasil, Venezuela y Colombia, con 41%, 13% y 9% respectivamente.

El informe del BID plantea la necesidad de que en Latinoamérica se mejore la calidad del gasto en seguridad. El costo económico de la violencia en la región, según estimaciones del BID, representan el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 183 mil millones de dólares. En la región se gastan en seguridad 532 dólares por habitantes y en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este gasto representa 218 dólares según la paridad del poder adquisitivo (PPA).

¿Cómo se invierte en Latinoamérica y El Caribe? El informe del BID lo explica con detalle: el 63.4% en la policía (74 mil millones de dólares); 22.3% en la justicia penal (26 mil millones de dólares) y 8.7% en prisiones (10 mil millones de dólares). ¿Es necesario gastar estas astronómicas sumas en esta forma? No es gastar más en policías, militares, justicia y represión, sino gastar mejor. Lo correcto es garantizar mayor efectividad en el combate al crimen, con la misma inversión.