El nuevo fallo de la CIDH

La pasada semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió con su insolente injerencismo tratando de desconocer la autoridad suprema de nuestro Tribunal Constitucional, que hace ya más de cuatro años, declaró inconstitucional la adhesión de RD a esa Corte en virtud de que no estuvo aprobada por la imprescindible autoridad del Congreso Nacional.

El gobierno dominicano a través de una rueda de prensa del Consultor Jurídico fijó una posición correcta en la cual planteó que en virtud del Artículo 184 de la Constitución las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes del Estado dominicano y que, por lo tanto, no acudió ninguna representación del Estado dominicano a la audiencia de la Corte porque no es competente ni tiene jurisdicción sobre la República Dominicana.

El último fallo de la CIDH no tiene ningún efecto práctico en la República Dominicana, sin embargo, demuestra que en la conspiración para destruir nuestra nacionalidad desde el exterior no es una fantasía o una elucubración extremista. Hay que recordar que la Corte Interamericana pretendió mandar a nuestro Estado a cambiar su Constitución y darle nacionalidad dominicana a más de un millón de haitianos que aleguen haber nacido en territorio de la República Dominicana, con lo cual se decretaría la fusión jurídica de RD y Haití.

Lo más triste de este caso de la CIDH es ver cómo dominicanos se manifestaron a favor de darle competencia a la CIDH y que estuvieran de acuerdo a que fuera un poder supranacional el que decidiera quién es o quién no es dominicano. Ese hecho indica que los enemigos de la República no sólo están en el exterior, sino que hay aquí alguna gente sirviéndole a poderes foráneos en la vil tarea de destruir nuestra nacionalidad y nuestro país.

Es importante, igualmente, señalar que tal y como dijera el expresidente de la República, Dr. Leonel Fernández, en una conferencia magistral en la sede de la OEA, la Corte Interamericana ha ido perdiendo todo crédito y prestigio que tuvo en el pasado, precisamente por pretender cercenar derechos de soberanía inherentes a los estados.

Igualmente, el gobierno de los Estados Unidos ha planteado bajo la administración del presidente Donald Trump que ningún organismo de derechos humanos internacional puede inmiscuirse en asuntos soberanos de los Estados Unidos al dictar sus leyes y reglas migratorias. Acatar el fallo de la CIDH significaría en los hechos darle nacionalidad dominicana a todo haitiano, legal o ilegal, que haya nacido o diga haber nacido en la República Dominicana, incluyendo los cientos de miles que están naciendo o han nacido en nuestras abarrotadas maternidades públicas.

La élite haitiana, en su plan estratégico de ocupación pacífica e invasión de vientres, tiene como uno de sus ejes, usar estas decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para lograr aplicarlas aquí en nuestro país con gobiernos traidores que se presten a tal ignominia. La última experiencia con la CIDH obliga a la sociedad dominicana a estar bien alerta y ojo avizor.