Un dislate para olvido

Se suponía (y es malo suponer) que la nueva legislación sería un instrumento efectivo de institucionalización de los partidos y de las elecciones. Que los chivos serían platos suculentos en la mesa y no desordenados agentes de la política.

Sin embargo, la experiencia de estos primeros meses demuestra lo contrario. Las leyes pasan por arriba y ni siquiera despeinan a políticos que hace mucho perdieron el cabello, o que de tenerlo, lo tiñen con fijador.

Se discute por estos días el aporte económico que harán los partidos que escogieron primarias, e inexplicablemente la inopia presenta un cuadro tan desolador que ese gasto deberá cubrirse con fondos del Presupuesto.

La Junta Central Electoral hace el trabajo por sí y por los demás que se recuestan, y en una visita anunciada o excusada con el voto automatizado consiguió del Presidente de la República más que un compromiso de dinero.

No obstante, vale preguntarse ¿qué hacen los partidos con los cuartos que reciben cada mes o cuando se lo entregan, pues siempre cantan miseria y nunca tienen un centavo ni cumplen a tiempo con sus obligaciones?

En actividades políticas no sería, pues no hay campaña abierta, y lo que se mueve corresponde a aspiraciones personales, posiblemente a destiempo, pero que -en todo caso- serían costeadas por particulares.

Se suponía (y cada suponer es malo) que los partidos pagaban una burocracia, ya que como todo negocio (y la política es negocio) se les hace indispensable una buena gerencia. Parece que no.

Vuelve la JCE a quejarse o demandar de los partidos la entrega de sus informes de finanzas, y hace el reclamo ante evidentes y reiterados atrasos. La falta se pega con la retención de esos recursos de ley.

Entonces cuatro cosas. La primera, que los partidos no llevan contabilidad; lo segundo, que se manejan a lo loco, sin ningún tipo de transparencia; tercero, que pueden desenvolverse sin asistencia fiscal; y cuarto, que si las organizaciones pueden burlar esas disposiciones, el organismo no debiera consentir. Ahora que tiene poder reglamentario con rango constitucional, debiera ser más celosa con esos fondos, y no solo no permitir dispendios, sino ejercer los controles que la buena administración aconseja.

Ese dinero es dinero del contribuyente, y si los partidos lo dilapidan sin sonrojo, la Junta, por pudor, debiera evitarlo. La rendición de cuentas se impone.