Contrarreforma agraria
Dedicado al doctor Marino Vinicio Castillo R., encarnación del sentimiento agrarista
Desde que Balaguer accede al Gobierno, marca un antes y un después en el proceso agrario. Debido al controvertido resultado electoral del 1966, después del cese de la guerra de abril, que muchos dominicanos consideraron fraudulento, el menor gesto de aproximación se interpretaba como un respaldo a la legitimidad del régimen. Sin embargo, el presidente Balaguer tenía su estrategia de desarrollo, una agenda especial para la reforma estructural del régimen de tenencia de tierra que sus opositores sólo advertían lo político, nunca lo vieron como institucional.
Para ellos era como una posición, de contrainsurgencia, pero obviaban el carácter ideológico y de organización social audaz del Presidente.
Llevó la realidad al terreno.
Hechos no palabras. Derribó los muros de un caciquismo rural ancestral. “El nuevo Estado dominicano”, es decir, el de hoy, ha minimizado su propia permisibilidad sobre los riesgos de que el proceso no terminara en un esfuerzo fútil y no pudiera cumplir con una buena y efectiva redención campesina pues la titulación defi nitiva propicia un cambio de modelo productivo que, buscando generar incentivos para modifi car las relaciones productivas, terminará en la dirección equi- vocada y el proceso agrario fi - niquitará sin haber enfrentado las etapas indispensables: En otra dimensión política el gobierno del presidente Medina ha decidido completar la entrega de 50 mil títulos defi nitivos de las parcelas de la Reforma Agraria en sus dos períodos (2012-2020) para “democratizar las oportunidades de la familia rural” , decisión que suscita la sospecha espontánea de que tenga más relación con la audiencia electoral que con la economía sostenible o de complementariedad del programa agrario.
Sobre todo, pienso que no contribuye a fortalecer la unidad productiva de la parcela, porque en vez de confi anza, terminará en una verdadera contrarreforma agraria.
El criterio es de que este proceso precisaba de mecanismos de saneamiento, complementariedad y consolidación que llevara a la genuina autogestión de la parcela, que son las verdaderas probanzas para romper la dependencia del Estado- benefactor, como hemos descrito antes.
El recurso para justifi car la titulación, el Gobierno usa un fundamento económico que ciega la vía legal de la Ley 145 para el reforzamiento y la obtención de la autonomía productiva, con la titularidad y representatividad que otorga la propiedad, aun lo arriesgado y audaz del paso. Entonces, si el gobierno del presidente Medina ha promovido el crédito agropecuario a niveles históricos (RD$28 mil millones de pesos por año) y a baja tasa de interés, y lo ha hecho consciente de que el sistema implantado en el Bagrícola lo sujetaba el préstamo a un tipo de interés considerado alto y que una institución como esta sin interés comercial tenía que encajar en una política de promoción humana y social. Que además el préstamo debe llegar con amplitud y a tiempo y para ello ha llevado la cartera de crédito a niveles históricos en el Banco, entonces, repito, ¿por qué en forma precipitada e innecesaria se ha llevado a cabo un proceso de titulación defi nitivo de las parcelas para que el agricultor asentado tenga una garantía de préstamo más apropiada (¿?) y consolide la “democratización de las oportunidades”?, pero al mismo tiempo, tan riesgosa de perder la hipoteca ante un régimen climático tan aperiódico, una situación social tan precaria (asistencia sanitaria) y defi ciente que obliga al agricultor a apelar al préstamo garantista? Realmente resulta contradictorio porque llevará el proceso agrario redentorista a la extinción.