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El pacto para las migraciones

Doctor Néstor Saviñón

Todo Estado tiene diversas prerrogativas, entre las que está el manejo de las migraciones. Todo ser humano puede ir donde desee, pero siempre y cuando el Estado receptor le acepte, y el hecho de aceptar a ese migrante, sin importar su naturaleza, conlleva erogaciones de recursos para garantizar niveles mínimos de derechos.

Desde el 2016 empezó a discutirse un documento denominado Tratado o Pacto para las Migraciones y Trato Decente, que será firmado en Marruecos en diciembre de este año. Este tratado establece una serie de normas que humanizan el trato a los inmigrantes, sea cual sea su naturaleza.

Pero ese tratado fue concebido para naciones con fronteras bien vigiladas, con políticas migratorias claras y con pocos problemas migratorios. Nosotros, lamentablemente, tenemos una frontera sumamente porosa, con un vecino que fomenta la migración como política de Estado y que es un foco de inestabilidad.

Por ello, la opinión pública se dividió en dos grandes bandos: los que consideraban que no procedía firmar ese acuerdo, ya que podía acarrear una sustancial erogación de dinero para garantizarles a esos migrantes acceso a derechos fundamentales; y los que consideraban que debía ser firmado y posteriormente ratificado, ya que protegía y humanizaba el trato que se les brinda a los inmigrantes.

Uno de los puntos más complejos y que más resquemor ha traído es el que indica que desde su subscripción, las políticas generales en materia de migración serán regidas por la ONU, es decir, es una renuncia expresa a la soberanía nacional que los firmantes harían.

Por ello, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dio una rueda de prensa ayer, donde dejó saber que el Gobierno escuchó al pueblo y decidió que no firmará el acuerdo, por los motivos antes indicados.

Es bueno explicar que un derecho no existe in abstracto, es decir, en papel. Debe crearse una infraestructura política, recursos humanos, mobiliario, y muchos otros recursos, planes y dinero, que sirva para garantizar los derechos fundamentales de los requirientes de esos servicios, que deben ser para la mayor parte de la población, en calidad y cantidad aceptable.

República Dominicana es un Estado pobre. Por más que desee, no podría manejar adecuadamente a miles de depauperados que crucen por la frontera con Haití, ya que muchas veces no tenemos recursos para solventar las necesidades de nuestros pobres y, por lo tanto, considero que se ha actuado de manera correcta por parte del Estado dominicano.

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