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Día de la Constitución

Francina Hungría

Desde la fundación de la República Dominicana, nuestra Carta Magna indica la ruta a seguir para que ciudadanos y ciudadanas  convivan de forma igualitaria.

El Principio de Igualdad es uno de los principales pilares del Estado dominicano; y es que, la Constitución hace tanto énfasis en este principio que en su preámbulo indica que la Igualdad es una característica de nuestro estado de derecho. Inmediatamente después, en el artículo 8, expresa que es una función del Estado dominicano “la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad”.

Como este hay otros espacios de la Carta Magna en los que se establecen que todas las personas son iguales. Y es categórica al manifestar que cada ciudadano y ciudadana tiene derecho a la igualdad, la no discriminación por discapacidad, género o ninguna condición que establezcan diferencias entre individuos, fuera de las que se puedan lograr en base a sus talentos y virtudes.

Además, la República Dominicana ha firmado múltiples protocolos internacionales para proteger los derechos de la población con discapacidad, incluyendo la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2007. Y si evocamos la Ley 05-13 sobre Discapacidad, podemos afirmar que nuestro país tiene todos los medios legales y las normativas para garantizar que todas las personas reciban un trato igualitario, independientemente de cualquier condición física.

Ahora bien, el Principio de Igualdad no implica que el Estado dé a todos los ciudadanos lo mismo. Significa que cada persona reciba un trato acorde con sus necesidades, de manera que pueda acceder libremente a los medios para ser autónomo y gozar de una vida digna.

Así lo establece la Carta Magna en sus artículos 39, sobre igualdad, y 58, que garantiza la protección de los derechos de las personas con  discapacidad. Y luego hace extensible estas prerrogativas al resto de secciones. Sin embargo, aunque poseemos en la Constitución un instrumento jurídico que promueve la construcción de una sociedad inclusiva, debemos seguir esforzándonos para lograrlo. Según el Censo 2010, 1.160.847 dominicanos viven con discapacidad. De estos, el 56.3 por ciento es mujer. El 23.6 por ciento es analfabeto, y de los que empezaron estudios formales, solo el 14.4 por ciento accedió a educación superior; asimismo, en 2012, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de fuerza de Trabajo, 354,358 personas estaban sin empleo por una discapacidad permanente. Si contrastamos lo que establecen todas las normativas asumidas por el Estado dominicano con las estadísticas disponibles, todavía nos queda mucha desigualdad social por superar. Estos datos hablan de que la mayoría de las personas con discapacidad del país vive en franjas de pobreza y exclusión que les impiden desarrollarse a plenitud y que pueden encadenar sus familias a un círculo de pobreza.

Así pues, tenemos tres grandes razones para impulsar acciones que reduzcan la desigualdad social de quienes vivimos con alguna condición que pueda suponer un desafío mayor para nuestro desarrollo integral: Primero, en el Presupuesto Nacional de 2019 se destinarán 60.65 millones de  pesos para apoyar proyectos de Organizaciones sin Fines de Lucro que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad, sumado al presupuesto anual que se destina al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Estos recursos son destinados a proyectos que impactan de forma directa a una porción muy pequeña de la población total de personas con discapacidad. Sin embargo, asumir el trato igualitario a todos los ciudadanos reduciría considerablemente la necesidad de realizar dicha inversión. Es decir, con solo garantizar a cada ciudadano el acceso a salud, empleo, educación; el Estado dominicano estaría ahorrando millones de pesos con los que podría impulsar nuevas políticas sociales. A la vez contaría con hombres y mujeres que generarían ingresos al país a través de sus actividades productivas. En definitiva, capitalizar el trato igualitario de todos los dominicanos y dominicanas, tiene un impacto considerable en la economía del país. Pero, más importante, permite que más de un millón de hombres y mujeres participen del desarrollo de la república.

Estas garantías pasan por implementar acciones que permitan a los individuos ser autónomos. Para lograr esta independencia, las políticas públicas deben facilitar herramientas que impulsen el acceso al disfrute pleno e igualitario de ciudadanos y ciudadanas, en vez de promover actitudes asistenciales.

La segunda razón es muy simple, cada vez que se vulneran los derechos de una persona con discapacidad se violenta la Constitución Dominicana, se incumplen los tratados internacionales de los que el país es signatario y se deja sin margen de acción la Ley 05-13. En otras palabras, se impacta directamente la calidad de vida de más de un millón de dominicanos que hoy viven en situación de desigualdad social. En tercer lugar, la República Dominicana está haciendo grandes esfuerzos por alcanzar mayores niveles de desarrollo. Para lograrlo precisa de la participación de cada ciudadano y ciudadana. Pero, si hay grupos vulnerables en situación de desigualdad social, todos los esfuerzos que se realicen dejarán siempre al país con una asignatura pendiente. En resumidas cuentas, los principios sobre los que la Constitución Dominicana cimienta nuestro estado de derecho actúan como ejes transversales para que todos los hombres y mujeres tengan una vida digna. De ahí que, incumpliendo estos pilares, evitamos que todos podamos vivir en mejores condiciones. Hay una motivación más para impulsar y garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de esta población. El 65.9 por ciento de los dominicanos con discapacidad tiene entre 15 y 64 años, 26 por ciento es mayor de 65 años, y partiendo además de que la falta de participación afecta a los padres, hijos o cónyuges de las personas con discapacidad; obtenemos como resultado un grupo representativo de alrededor del 30% de la población nacional conformada por ciudadanos y ciudadanas con capacidad para elegir. Significa que en un marco electoral optará por una alternativa que asuma como suya la defensa y promoción de los derechos que dependen del Principio de Igualdad. Por eso, celebrar el 174 aniversario de nuestra Constitución nos ofrece la oportunidad de meditar cómo hacer para que la vida de todos y todas sea más digna e igualitaria.

Festejemos el día de nuestra Carta Magna comprometiéndonos con el respeto a los derechos de cada dominicano y dominicana, para que juntos, ¡movamos la inclusión!

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