Tensiones políticas y economía
El avance y el interés mostrado por la economía acerca de establecer la relación entre las tensiones políticas y sus consecuencias economicas ha encontrado una mayor explicación a partir de que se ha enfatizado en que al Estado se le ha concedido el monopolio de las recaudaciones tributarias a cambio de dar protección, hacer cumplir las normas de convivencia y organizar el gasto social. Esta concepción delegada al Estado tambien ha sido acompañada por el monopolio de la coerción, lo que, en cierto momento de la historia algunos gobernantes la han interpretado como un incentivo para ejercer el poder sin límites.
En la concepción y los objetivos de las ciencias sociales se admite que la economía, en tanto rama de la misma, siempre ha mostrado desinterés por estudiar los problemas de concentración del poder político en un solo individuo, esto es, el dictador. La explicación más predominante acerca del desinterés de la economía encuentra su justificación en el hecho de que los abusos de poder promovido por el autoritarismo no despierta atracción por parte de la economía, sino que al ser parte de una cultura politica es materia de derechos humanos e interés de las ciencias políticas.
A pesar de lo planteado, en las sociedades modernas en la actualidad han surgido situaciones que han obligado a la economía a poner particular interés por el fenómeno de la concentración del poder ya que en este se ha descubierto el impacto del uso abusivo de las finanzas públicas, sin lugar a dudas, origen primario del flagelo de la corrupción pública. Es por tales razones que recientemente han surgido múltiples mecanismos para limitar el poder concentrado el ejecutivo y sugerir la alternabilidad del poder para contrarrestar este flagelo institucional.
En el contexto en que el ejecutivo pone en práctica el monopolio de la coerción asignada al Estado, muchos gobernantes han sobrepasado los límites prudenciales que establecen los preceptos constitucionales y convierten el poder en un autoritarismo. Las explicaciones mas convincentes respecto a este fenómeno están dadas por los factores ideológicos relacionados con el derecho y la politica, en tanto, por otro lado están las normas constitucionales dirigidas a limitar el poder a partir de la configuración de los poderes.
En America latina la mayoría de los esquemas constitucionales están concebidos para impedir los abusos del poder, sin embargo, el presidencialismo predominante en la región ha logrado dañar el ordenamiento que prevén las constituciones, expresado básicamente en la prolongación forzosa del mandato constitucional. La desventajas y los riegos económicos que esto ha tenido es lo que en una alta proporción explica la inequidad social, la híper-corrupción predominante, la aceleración de la pobreza, la debilidad institucional y el freno al desarrollo económico fruto de gobernar con una agenda electoral como prioridad.
El malestar y consecuencias economicas derivadas del abuso y autoritarismo del poder han conducido directamente a condenar a la sociedad latinoamericana a la exclusión de alcanzar una etapa de desarrollo mas adecuada, si se parte de que las economías han exhibido niveles de crecimiento del PIB aceptable. Esta situación hace necesario considerar la capacidad institucional como mecanismos para sancionar la inobservancia de las normas que rigen el funcionamiento del Estado y limitar los abusos del poder en el ámbito financiero y el maltrato a las leyes y la constitucion.
En virtud de que en una sociedad ha de prevalecer las normas constitucionales para la cohabitación y la puesta en ejecución de políticas economicas responsables, entonces, el ejercicio del poder ha de iniciar con la seriedad de juramento que se hace al asumir el mismo. Bajo ese enfoque es que se resalta que para los juristas es claro que el reconocimiento de la necesidad de limitar el poder es una de las razones históricas mas poderosa que han llevado a crear una constitucion.
Desde la óptica de la teoría económica es imprescindible hablar de las leyes, las instituciones y comportamiento en una perspectiva formal, ponderando el análisis abstracto de un contrato social y a la promoción de la estabilidad macroeconomica como prioridad fundamental. Para la economía es fundamental que el sistema legal debe considerarse como una construcción social que ponga en evidencia que lo jurídico ha de estar revestido de legitimidad en las creencias de los ciudadanos.
A la luz de la razón, cuando se incumplen las normas constitucionales y se desvanece el equilibrio del poder, las consecuencias economicas son catastróficas y que hacen una condena de sufrimiento que afecta directamente a la sociedad. En esa dinámica es que se producen las tensiones políticas en una sociedad, promovida por el desconocimiento básico de la división de poderes y que fomentan la salida brusca de capitales foráneos, alejamiento de capitales externos, devaluación cambiaria, desequilibrio de la balanza de pagos, déficit presupuestario sistemático, exceso del endeudamiento publico, expansión de la pobreza e inestabilidad económica y politica, lo que en la práctica se traduce en un amento del riesgo pais, tanto por el lado económico, como por el lado político, en fin, una hecatombe de la economia.
El autor es economista