La Ley de Partidos Políticos evidencia fallas del Congreso

La abatida imagen del Congreso de República Dominicana ha vuelto a naufragar. O mejor dicho, como privilegian los habitantes de estos países del Caribe en la temporada ciclónica, se ha colocado otra vez en el ojo del huracán. Aprobaron una ley para regular el funcionamiento de los partidos políticos, que importantes sectores de la sociedad comienzan a advertir como un mamotreto jurídico.

Ninguna otra legislación alcanzó el nivel de apoyo y debate en el país en las últimas dos décadas como la votada Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Pero llama a preocupación, que en menos de un mes de vigencia, ya registre por lo menos dos acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y que se esté a la espera de otros recursos de esta naturaleza.

El estruendo coincide con los aprestos del Tribunal Electoral, para organizar dos complejas elecciones divididas en 2020, una en febrero para elegir alcaldes, regidores, directores y vocales municipales. Otra en mayo, tres meses después, en la que se escogerán el presidente y vicepresidente de la República; senadores y diputados.

Más difícil aún en todo este tejemaneje electoralista podría resultar el proceso de elección interna de candidatos que realizarán el próximo año los 27 partidos políticos reconocidos hasta ahora. Agregando a las dificultades que el Tribunal de Elecciones tendrá que organizar también el cuestionado sistema de primarias abiertas de las organizaciones que decidan en noviembre próximo utilizarán esta metodología. Máxime cuando la propia institución electoral había reiterado que no disponía de la logística ni los recursos para tan ambiciosa empresa.

No deja lugar a dudas que al iniciarse este mes los llamados plazos fatales para el montaje de estos comicios, la presión penderá como Espada de Damocles sobre el Congreso Nacional, que ha sido incapaz de concluir los debates con la presteza esperada, en torno a la necesaria Ley del Régimen Electoral. Pero también del Tribunal Constitucional, cuya celeridad para decidir los casos de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos lo llevarán a rebasar su preciso accionar cotidiano.

El primer recurso de inconstitucionalidad sometido el 4 de septiembre busca anular los artículos 8 y 54 de la Ley 33-18. El primero impone normativas a los ciudadanos para su afiliación en los partidos políticos. Mientras el artículo 54 dispone un mandato para el establecimiento de una cuota del 10 % para postulación de jóvenes de hasta 35 años.

La otra acción de inconstitucionalidad sometida el 13 de septiembre ataca el artículo 54 de la Ley de Partidos, que en su numeral 6, que sanciona con multa y prisión la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos. Esto es considerado como un atentado a la libre expresión y difusión del pensamiento.

Pero además, todavía está en el tintero el conflictivo tema de las primarias abiertas simultáneas para elegir los candidatos presidenciales, congresionales y municipales, organizadas por la Junta Central Electoral, y que el artículo 37 de la Ley 33-18 dejó en manos de las cúpulas dirigenciales de los partidos políticos.

Al margen del debate sobre la constitucionalidad o no de importantes articulados de esta legislación y otros que se pudieran estar aireando, ha surgido en sectores del país, incluyendo en la alta dirección estratégica de los seguidores del expresidente Leonel Fernández, la presunción de que con ello se busca posibilitar una nueva postulación del presidente Danilo Medina y la ulterior reforma de la Constitución para abrir de nuevo las puertas a su reelección para el período 2020-2024.

No obstante, mientras el hacha va y viene, la verdad monda y lironda es que con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, vista como el primer paso para el fortalecimiento de esas instituciones y el sistema democrático, el Congreso reedita una cuestionada función. Independientemente de que la misma se haya reducido en República Dominicana a una fábrica leguleya con poses de ilustración.