Frente al dopaje

Es oportuno señalar que en los estados las políticas públicas deben ser acatadas por las instituciones privadas que intervienen en la industria del béisbol, ya que el futuro de los jóvenes prospectos menores de edad que pertenecen a la sociedad, son de la responsabilidad en primer orden del Estado, bajo el marco jurídico de la nación que los rige y la Ley del Menor que los protege. Hemos observado el gran descontrol que se viene produciendo en el dopaje de estos menores por agentes inescrupulosos, que quieren aumentar el rendimiento de los mismos para alcanzar contratos millonarios a través de sus tutores, para así lograr un jugoso beneficio repartido cual mafia entronizada en la industria, situación inadmisible por el alto porcentaje de daños físicos y psicológicos que quedan como secuelas en estos jóvenes que pueden ser útiles en el futuro de sus familias y de la sociedad. Otra situación incosteable en una sociedad es la propensión a la deserción escolar que provocan estas malas prácticas, cuando no se les asegura el nivel escolar que estos menores deben mantener para así, de no poder insertarse en el béisbol organizado, puedan avanzar laboralmente mediante su educación a carreras técnicas y profesionales que los lleven al camino de ser económicamente activos, y por ende, ciudadanos dignos a la sociedad. De tal manera, es nuestro deber social, no solo velar por la sanidad física y mental de nuestros atletas prospectos menores de edad, sino también cuidar de sus garantías en la educación para que puedan insertarse en la vida laboral de no poder mantenerse en el béisbol. En estos días, nos encaminamos al Congreso Nacional, para presentar a nuestros legisladores un anteproyecto de ley que regularice y penalice el dopaje a menores de edad en el béisbol, así como también se proteja el nivel educativo de estos como deber del Estado y sus políticas públicas, para sobreguardar lo más preciado con que cuenta una nación, como lo son sus jóvenes menores que representan el futuro de una nación como la nuestra, en la que todos estamos contribuyendo a la inversión del 4% del PIB para la educación. Caminemos hacia la creación de un sistema de consecuencias que prevenga y castigue esta mala práctica. Nuestro lugar está al lado de la transparencia y el compromiso social.