El error semántico de Danilo al debatir la ley de partidos

La participación directa del presidente Danilo Medina en el debate de las primarias abiertas y su efectivo método de combate para los partidos políticos en crisis, hay que analizarla dentro del error semántico en que se incurre. Independientemente de los vítores recibidos. Lo primero es que en República Dominicana existe hace alrededor de dos décadas un amplio consenso sobre la necesidad de una Ley de Partidos Políticos para el fortalecimiento de la democracia.

En esta etapa del proyecto tampoco nadie objeta la legislación, al margen de que no se haya podido aprobar. O lo que es lo mismo, el proyecto lo respaldan el presidente Medina, los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, la vicepresidenta Margarita Cedeño y la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.

Además la Junta Central Electoral, las influyentes iglesias católica y evangélica, la sociedad civil, los empresarios: Conep, AIRD, Anje; el excandidato presidencial y aspirante a la misma posición Luis Abinader. ¡Ah! Los propios partidos políticos con representación en el Congreso dicen a los cuatro vientos que lo respaldan. Al igual que el gobierno, la oposición, los aliados y los independientes.

Este consenso existía, inclusive, cuando se intensificó el bamboleo de la Ley de Partidos Políticos al arrullo de las contradicciones entre los grupos del presidente Medina y el expresidente Fernández en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Todo reducido al método por el que deben elegirse los candidatos: primarias abiertas, los primeros, y con primarias cerradas, los segundos.

Ahora bien, en su comunicación a los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, el mandatario propone designar una comisión bicameral que busque una solución pactada para allanar el camino a la aprobación de la pieza legislativa. Dicho sea de paso, Pared Pérez comulga con las primarias abiertas y Maldonado con las cerradas.

Pero resulta que si nos remontamos al 2 de octubre del año pasado, el país se encontrará con que para entonces una comisión bicameral había estudiado ampliamente la manoseada Ley de Partidos Políticos, sometiendo el proyecto a la consulta de todos los sectores nacionales.

¿Qué ocurrió entonces? Que ante los ojos desorbitados de los dominicanos, cuando esta comisión bicameral estaba a punto de rendir su informe favorable al hemiciclo, el Comité Político del PLD decidió despojar al Poder Legislativo de ese proyecto y someterlo a consulta de siete juristas expertos en materia constitucional. Determinarían si las primarias abiertas y simultáneas eran constitucionales o no. La comisión bicameral del Congreso quedó sin funciones.

Pero otra sorpresa para el país: cuatro meses después, el 5 de febrero de este año, el Comité Político del PLD fracasó en su consulta a los juristas. Descubrió que todos eran tendenciosos. Entonces adoptó otra decisión salomónica. Descubrió también que era atribución del Congreso Nacional decidir el asunto. Y como era de esperarse, las contracciones internas del PLD, entre primarias abiertas o primarias cerradas, siguieron dominando el enfrentamiento entre los legisladores.

En esta ocasión se vuelve a ignorar los mismos sectores del país que han advertido sobre la necesidad de aprobar una Ley de Partidos Políticos y la del Régimen Electoral para las complejas elecciones de 2020. La Junta Central Electoral, las iglesias, la sociedad civil, los empresarios, la oposición y hasta el propio sector leonelista dentro del partido gobernante han expuesto ahora, que la mejor solución sería que se permita a las organizaciones decidir la modalidad de elección de sus candidatos presidenciales, congresionales y municipales.

El presidente Medina establece, en cambio, en su carta del 16 de este mes dirigida a Pared Pérez y Maldonado, que las primarias abiertas son la vía para superar la crisis del sistema de partidos políticos, porque lo revitalizarían, fortalecerían su transparencia y abrirían más espacios de participación.

Mientras quienes refutan estos planteamientos temen un mayor riesgo de permeabilidad, para imponer los candidatos no solo del propio partido, sino del contrario. Y citan el poder del dinero y otras tratativas habituales en el mundo político, así como el costo económico y los entresijos para ofrecer un resultado confiable entre una infinidad de aspirantes.

La República Dominicana tiene un ejemplo reciente, aunque guardando las diferencias. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tratando de demostrar su alto grado de democracia histórica, ensayó en la convención nacional del 6 de marzo de 2011 la celebración de primarias con un padrón semi-abierto, los resultados fueron mucho más catastróficos para esa organización.

Hipólito Mejía ganó la candidatura presidencial con un 53.3 % contra un 46.66 % de Miguel Vargas, quien atribuyó su derrota a que votaron 400 mil peledeístas en su contra. Se alegó que la candidatura de Mejía era más vulnerable para los propósitos del PLD y su candidato Danilo Medina en las elecciones de 2012. Los resultados todos los conocemos, sin que signifiquen sugerir objetividad en un ciento por ciento.